Con el objetivo de evitar que las instituciones encargadas de la Seguridad Pública e impartición y Procuración de Justicia, sean anticipadas, vigiladas y cuya información sea utilizada para obstruir su desempeño o para promover hechos delictivos, la Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales, aprobó por unanimidad garantizar y salvaguardar sus actividades, estableciendo penas que van de los 2 a los 10 años de prisión.
De esta manera, el Presidente de la Comisión, Juan Carlos Espina Von Roehrich, y legisladores que integran el Órgano Colegiado, acordaron sancionar a aquella persona que facilite un delito, anticipe, vigile o realice actos tendentes a obtener información sobre la ubicación o actividades de los servidores públicos que realicen operativos, imponiéndoles una pena de 2 a 6 años de prisión y multa de 50 a 200 días de salario mínimo.
Por lo anterior, la sanción incrementará de 4 a 10 años de prisión, en el caso de operativos de la delincuencia organizada, secuestro, robo de vehículos, trata de personas o narcomenudeo.
Asimismo, las penas previstas aumentarán hasta una mitad más de la que correspondan, cuando se utilice un vehículo de servicio público, transporte mercantil o de alguna institución de seguridad pública e incrementará un tercio, si la información es transmitida a un tercero, por cualquier medio.
Cabe mencionar, que si el delito es cometido por un servidor público que haya pertenecido a las Fuerzas Armadas, Seguridad Pública o de Procuración de Justicia, la pena se incrementa desde un tercio hasta una mitad de la que correspondan y además se le impondrá como sanción la destitución del cargo e inhabilitación de 5 a 10 años.
ERNESTO GARCIA CHOLULA
