Para las activistas del Frente Nacional de Periodistas por la liberta de expresión, Perla Gómez y Judith Calderón Gómez, la despenalización de la difamación en Puebla es una legislación inconstitucional, que pone al gremio de periodistas de la entidad en una situación de vulnerabilidad económica en lo referente a las multas y la reparación del daño
Por ello, destacaron las activistas, la recomendación al gremio de periodistas es que recurran a amparos, hasta 15 días antes de la publicación de la Ley y se promueva un recurso de inconstitucionalidad ante el Poder Judicial.
Sin embargo, resaltaron que la intromisión del Judicial para echar abajo dicha legislatura no sería el mejor escenario; por el contrario, lo ideal hubiera sido que desde el inicio, el Congreso del Estado convocara a foros para abrir el debate de la despenalización de la difamación con el gremio de los comunicadores del Estado.
“Una cuestión importante que es también un mensaje al Congreso local y también al Gobernador; mientras no publiquen la Ley, no puede aplicársele a nadie, pero a sabiendas que esta Ley en cuanto sea publicada va a ser impugnada por inconstitucional, lo más conveniente para el Legislativo es que revise nuevamente la propuesta y se convoque a los periodistas a un foro”, destacó la activista especialista en Derecho, Perla Gómez.
Indicó que en los miembros de esta organización hay preocupación por el marco jurídico de la reforma, pues en muchos estados se ha perseguido a periodistas en las reformas que despenalizan la difamación y se lastima la libertad de expresión, mediante las ambigüedades en la tipificación de los delitos contra el honor.
Indicó que fue satisfactorio oír el mensaje del Gobernador en su toma de posesión, donde anunció la iniciativa, pero la propuesta de adición al Código Civil, tal como la aprobó el Legislativo es inconstitucional, ya que se manejan mínimos y máximos de multa, lo cual atenta contra el patrimonio de periodistas; en el país se han dado juicios interminables en contra del patrimonio de periodistas que tienen condiciones laborales vulnerables, por lo que muchos van a pensar dos veces antes de hacer pública información delicada de interés para la ciudadanía.
Otro punto preocupante de la Ley, consideraron, es que cualquier persona que se sienta incómoda con alguna nota informativa, podrá exigir la corrección de la misma en el medio que la publicó, independientemente de su veracidad o no, y por otra además de ser víctima de multa, los periodistas deberán resarcir económicamente el daño moral al afectado, sin un juicio previo, sino por discrecionalidad de un juez.
Por ello, consideraron imperante validar una ley especial para manejar un procedimiento rápido en el derecho a réplica evitando que la ley se convierta en una amenaza para la libertad de expresión mediante una reforma integral que no criminalice a periodistas pero que impulse el respeto al honor y la vida de las personas.
ARTURO CRAVIOTO
