Organizaciones universitarias y civiles condenan el feminicidio de Mara Fernanda Castilla Miranda, quien se encontraba desaparecida desde el 08 de septiembre de 2017, y exigimos a las autoridades competentes hacer frente a la violencia feminicida en Puebla, acatando con seriedad el cumplimiento de las once conclusiones emitidas por el Grupo de trabajo conformado para atender la solicitud de la alerta de violencia de género (AVG) en Puebla, y transparentando las acciones emprendidas para cumplirlas.
El feminicidio de Mara Fernanda Castilla Miranda se suma a un contexto de violencia feminicida sistemática, ya que en lo que va del año los feminicidios se han incrementado en la entidad, superando los registros de años anteriores realizados por medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y espacios académicos.
Esta lamentable situación, que denota la máxima expresión de la violencia de género y el contexto de violencia hacia las mujeres en el Estado de Puebla, traducido en desapariciones, agresiones sexuales y asesinatos de niñas y mujeres, evidencia que el Estado ha incumplido con su deber de prevenir las violaciones a los derechos a la vida e integridad personal de las mujeres, deber que señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando:
- i) Las autoridades estatales sabían, o debían haber sabido, de la existencia de un riesgo real e inmediato para la vida y/o integridad personal de un individuo o grupo de individuos determinado, y que ii) tales autoridades no adoptaron las medidas necesarias dentro del ámbito de sus atribuciones que, juzgadas razonablemente, podían esperarse para prevenir o evitar ese riesgo.
El contexto de violencia contra las mujeres en la entidad se agrava con la revictimización de las víctimas de feminicidios por parte de las instituciones públicas, de los medios de comunicación, de los líderes de opinión y en general de la sociedad, lo que denota que las conclusiones emitidas por el grupo de trabajo para atender la solicitud de la AVG en Puebla orientadas a la capacitación de servidores públicos y medios de comunicación, no han sido implementadas de forma adecuada y efectiva, a más de un año de su emisión.
Por lo anterior, hacemos un llamamiento urgente a las autoridades competentes y exigimos:
Primero. – Se adopten las medidas adecuadas, necesarias y urgentes para actuar con la debida diligencia en la investigación y esclarecimiento del feminicidio de Mara Fernanda Castilla Miranda, así como en la sanción de los responsables, y asegurar que se repare el daño a familiares, lo cual incluye la indemnización, la atención integral necesaria, la determinación del derecho a la verdad mediante el conocimiento de información dedigna, y las medidas de no repetición.
Segundo. – Se cumplan, de manera adecuada, todas y cada una de las recomendaciones realizadas al gobierno estatal por el grupo de trabajo conformado para analizar la solicitud de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en Puebla. Son de especial urgencia las referentes al Protocolo de Investigación del Delito de Feminicidio para el Estado Libre y Soberano de Puebla en el Sistema Penal Acusatorio y el Protocolo para la Investigación, Preparación a Juicio y Juicio de los Delitos en Materia de Trata de Personas, pues no basta con su mera emisión si ésta no se traduce en esfuerzos de capacitación e implementación de sus operadores; la conformación del Banco Estatal de Mujeres Víctimas de Violencia, la asignación de presupuesto y, sobre todo, la sensibilización y capacitación de los servidores y las servidoras a cargo de las investigaciones.
Tercero. – Generar estrategias de prevención de la violencia feminicida, articuladas de parte de las instituciones del gobierno del Estado, diseñadas con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos, y que éstas contengan indicadores de implementación, seguimiento y evaluación para garantizar su efectividad.
Es necesario que se reconozca que el problema de seguridad afecta de manera diferenciada a las mujeres. Por tanto, un trabajo orientado hacia la generación de políticas de seguridad integral debe reconocer, de manera explícita y con un enfoque de derechos humanos, la violencia de género que permea el tema.
Exigimos justicia para Mara Castilla, para las más de 80 mujeres víctimas de feminicidio en lo que va del año 2017 y para las de años anteriores. Queremos respuestas sobre las 249 desaparecidas (quizá más), de enero a junio de 2017. Por lo cual, es imperante que las autoridades reconozcan como feminicidios aquellos que aún permanecen invisibilizados y que, en todo momento, se respete su privacidad y se garantice una reparación integral.
