El estado de Puebla cuenta con una nueva ley de derechos de niñas, niños y adolescentes que fue aprobada por la LIX legislatura el pasado 4 de junio. Ésta deviene de un proceso que involucra tanto un mandato a nivel federal como una tendencia global a priorizar la protección y el bienestar infantil. Las organizaciones que conformamos la Red por la Infancia y la Adolescencia (RIA) y la Alianza por la Infancia y sus Familias (AIFAM) turnamos por escrito a las comisiones legislativas una serie recomendaciones para fortalecer este nuevo instrumento legal. Estas recomendaciones estuvieron basadas en una revisión de la Ley General de derechos de niñas, niños y adolescentes, aprobada recién en diciembre de 2014.
Nuestra nueva ley estatal representa un avance respecto a la ley anterior, bastante débil y enunciativa: en ella se decía que debían protegerse los derechos de los niños y las niñas, pero no se aclaraba quiénes, ni cómo. El marco legal vigente (aunque a nivel estatal la ley comenzará a operar a partir del siguiente ejercicio presupuestal) establece la conformación de sistemas de protección infantil en todos los niveles de gobierno: nacional, estatal y municipal; la creación de procuradurías especiales para la defensa de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como la regulación de los centros de asistencia social y la construcción de un sistema de información, tocando necesidades expresadas desde hace varias décadas por diversos organismos civiles.
Respecto a la nueva ley estatal, podemos hacer los siguientes señalamientos:
Igual que la ley general, hace énfasis en que las opciones de cuidado para los niños y las niñas que se encuentran separados de sus padres deben regularse y atenerse a elevados estándares de calidad. Se presta bastante atención a la adopción, el acogimiento familiar y los centros de asistencia social, pero no encontramos un enfoque de prevención de la pérdida de los cuidados parentales. Orientar el diseño y la implementación de programas dirigidos a las familias en alto riesgo, representaría un gran avance en la garantía de los derechos de niños y niñas.
Uno de los puntos más controvertidos es la cuestión de los derechos sexuales y reproductivos. Nuestra ley estatal no los reconoce explícitamente para niños, niñas y adolescentes y tampoco habla de educación sexual científica y obligatoria, sólo integral (art 49 VIII), con lo que esta materia queda sujeta al criterio de las autoridades escolares y sanitarias. Los altos índices de embarazo precoz que prevalecen en el estado son apenas una de las razones más evidentes para garantizar abiertamente este derecho.
La ley estatal contiene un apartado sobre los deberes de niñas, niños y adolescentes, lo cual refleja una perspectiva adultocentrista, contraria al enfoque de derechos. Los derechos de los NNA no deben aparecer condicionados a deberes, incluir este contenido en la ley resulta tan inapropiado como lo sería incluir un apartado sobre los deberes de las mujeres en una ley sobre derechos de las mismas. La arraigada creencia social de que NNA al tener derechos rebasarán la autoridad de los adultos y desestabilizarán instituciones como la familia y la escuela, es una de las principales barreras a derribar para lograr una sociedad que efectivamente proteja y escuche a sus niños, niñas y adolescentes.
Las organizaciones y cuerpos académicos que conformamos la Red por la Infancia y la Adolescencia de Puebla (RIA) y la Alianza por la Infancia y sus Familias, nos manifestamos en la disposición más entera de participar en cualquier ejercicio de diálogo para mejorar la ley o construir sobre el sendero que ésta delinea, el cual es extenso: ahora es necesario elaborar un reglamento, integrar un sistema estatal de protección y sistemas municipales en los que converjan el gobierno y la sociedad civil. Asimismo, es menester diseñar, ejecutar y evaluar programas de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes a nivel estatal y municipal.
