- El coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la IBERO subraya que las filtraciones de ‘Guacamaya’ revelan que las instituciones militares operarían más bajo un enfoque de gestión de violencias y menos por otro orientado a reducirlas
Entre las más inquietantes revelaciones contenidas en los documentos y mensajes de la Sedena hackeados por el grupo Guacamaya, figura la evidencia de que esa institución documenta la actividad de grupos delictivos sin intervenirlos, en una frecuencia desconocida. Así habría sucedido con el presunto homicida de los sacerdotes Joaquín Mora y Javier Campos, además de un civil, en Cerocahui, Chihuahua, el pasado 20 de junio.
Se publicó que “La masiva filtración de correos de la Sedena, atribuida al grupo de hackers Guacamaya y a la que EL PAÍS ha tenido acceso, revela que el Ejército, desde por lo menos dos años antes de la tragedia, conocía prácticamente todo sobre el imperio criminal de El Chueco: sus alianzas con el Cartel de Sinaloa, las rutas de tráfico de droga que utilizaba y el régimen de terror que impuso a la población civil de la zona. Estaba, incluso, dentro de una lista de objetivos prioritarios de su aparato de inteligencia. Las alarmas, sin embargo, no sonaron hasta que los religiosos y el guía fueron acribillados”.
El 17 de octubre la Compañía de Jesús en México dio a conocer un comunicado donde informa su indignación por “el contenido de los documentos militares relacionados con el caso de Cerocahui que se han hecho públicos. De acuerdo con la información difundida en medios, estos indicarían que el Estado mexicano identificó, con antelación, las actividades delictivas en la sierra Tarahumara de quien a la postre perpetraría el homicidio de nuestros hermanos Joaquín Mora y Javier Campos, mismo que a más de cien días sigue impune. De haberse actuado en consecuencia, la tragedia probablemente se hubiera evitado”.
En el Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana CDMX hemos creado una plataforma de información, evidencias y análisis sobre la militarización de la seguridad y una de nuestras preguntas más importante, aún sin respuesta, es cómo las Fuerzas Armadas miden el impacto de su desempeño en el comportamiento de la delincuencia y las violencias. Creemos haber confirmado que no hay teorías causales que prueben con los métodos adecuados el impacto de sus actividades en beneficio de nuestra seguridad.
Desde el punto de vista ético, político, jurídico, de política pública, programático y estratégico, desde donde se quiera ver, Guacamaya ha develado información extraordinariamente delicada porque alcanzamos a mirar que, con frecuencia desconocida, las instituciones militares podrían estar operando más bajo un enfoque de gestión de la delincuencia y las violencias y menos por otro orientado a su reducción.
Nuestras funciones incluyen ayudar a discernir qué es lo que realmente está pasando a consecuencia de la militarización de la seguridad pública y por eso debemos analizar con todo cuidado las implicaciones de lo publicado en El País México. Dentro de nuestra serie de conversatorios llamada Cafecitos Serenos estaremos invitando a personas expertas que documentan en terreno parte de lo que hacen y dejan de hacer las instituciones policiales y militares, ahí donde los grupos delictivos operan con amplios márgenes de impunidad. Tendremos así mejores elementos para tratar de contestar si, en efecto, pudo evitarse el asesinato de los sacerdotes jesuitas.
