La Asociación de Universidades confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL) y el Sistema Universitario Jesuita manifiestan su incondicional compromiso en la formación integral de las personas sustentado en la igualdad, en el fortalecimiento a la diversidad y en el respeto y garantía de los derechos humanos.
En congruencia con ello, rechazamos las medidas o políticas que discriminen o excluyan a cualquier persona, y nos preocupa especialmente la situación de la población inmigrante en Estados Unidos, entre ellos las y los estudiantes sin documentos, que se ven amenazados por la suspensión de la Orden Ejecutiva que implementa la Acción Diferida para los llegados en la infancia (como parte de la propuesta legislativa DREAM ACT). La condición migratoria es una medida administrativa que jamás podrá anteponerse ni restringir los derechos universales a la igualdad y a la educación.
Nos encontramos en un momento histórico, en el que nuestras universidades deben contribuir a generar una conciencia de pertenencia a una ciudadanía global, a través de la integración del estudiantado, con el objetivo de hacer tangible la pertenencia a una misma humanidad. Nuestra misión como acompañantes de las y los jóvenes, nos conmina a abrir los espacios universitarios y a hacerlos accesibles a esta población que se encuentra excluida.
En congruencia con nuestro compromiso por la justicia y la transformación de la realidad social, declaramos nuestra innegable protección y respeto a todos los estudiantes, sin importar su estatus migratorio, quienes contribuyen con sus experiencias, cultura e ideas, al enriquecimiento de la sociedad. Los espacios universitarios deben ser de encuentro e interacción, nuestra misión es tender puentes, por lo que rechazamos los muros aislantes.
La Asociación de Universidades confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL) y las Universidades del Sistema Universitario Jesuita en México, hermanadas con las Universidades Jesuitas de Estados Unidos (AJCU), nos comprometemos a asesorar y orientar académica y jurídicamente a los estudiantes que sean deportados o retornen debido a su estatus migratorio, atendiendo a los criterios comunes que nuestras universidades han establecido para tal efecto, así como cuidar su proceso de llegada e integración.
