Los espacios académicos de la Universidad Iberoamericana Puebla firmantes llamamos al Congreso del Estado de Puebla a auspiciar un espacio amplio, público y colaborativo de reflexión con el fin de analizar las razones que condujeron a declarar desierta la convocatoria emitida por la Junta de Gobierno y Coordinación Política para designar a las personas integrantes del Consejo Ciudadano del Sistema Estatal y de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla.
Esta semana dará inicio el proceso de auscultación de las personas que se han registrado para encabezar la Comisión Nacional de Búsqueda. La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas establece que de manera previa a la designación por parte de la persona titular del Poder Ejecutivo, debe realizarse una consulta pública a los colectivos de familias de personas desaparecidas, personas expertas y organizaciones de la sociedad civil.
Como ecosistema de derechos humanos de la IBERO Puebla, llamamos a la Secretaría de Gobernación a generar un mecanismo de auscultación pública con entrevistas abiertas y con base en estándares de transparencia, máxima publicidad y derechos humanos. En dicho proceso resulta fundamental la participación de familiares de personas desaparecidas, siendo escuchadas y ubicadas al centro de la construcción de la política de Estado para enfrentar la crisis de desaparición en el país.
Recordamos que la propia Ley General exige que la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda cuente con elementos técnicos suficientes y conocimientos en derechos humanos, lo que es congruente con la crisis de desaparición en nuestro país. Bajo esa lógica, invitamos a tomar en consideración la idoneidad de los perfiles, bajo una revisión exhaustiva de la experiencia profesional de las personas registradas y de los planes de trabajo que para tal efecto sean propuestos.
Expresamos nuestra disposición para acompañar el proceso y compartir el acervo de conocimiento generado por la Universidad en los últimos años, resultado del acompañamiento a familias y colectivos. Asimismo, llamamos a recuperar las mejores prácticas en procesos de designación con el objetivo de establecer mecanismos que faciliten la participación de las personas buscadoras, integrantes de la sociedad civil, universidades y organismos internacionales, así como a poner por encima de la política la garantía de los derechos humanos de las víctimas de desaparición.
