Desde la Clínica Jurídica Minerva Calderón y el Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática, ambos del Departamento de Ciencias Sociales de la IBERO Puebla, saludamos la resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de atraer el amparo del jlumaltik Candelaria y resolver el caso del ejido La Candelaria, relacionado con el reconocimiento de su gobierno comunitario indígena.
La Candelaria es una comunidad indígena tsotsil ubicada en San Cristóbal de las Casas, que en noviembre de 2021 determinó, mediante una asamblea comunitaria, establecer el jlumaltik Candelaria (‘gobierno comunitario’) y encargar a sus autoridades tradicionales la realización de las acciones necesarias para el reconocimiento de su forma de gobierno por parte de instituciones y autoridades del Estado mexicano.
Con el apoyo de la IBERO Puebla, a través de la Clínica Jurídica Minerva Calderón y del Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática, la comunidadinició procesos judiciales para que el Congreso de Chiapas y el Ayuntamiento deSan Cristóbal de las Casas reconozcan el jlumaltik Candelaria, realicen la entregade la parte proporcional de presupuesto municipal que le corresponde a la comunidady reconozcan su forma comunitaria de gobierno.
La atracción de este caso (Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción 119/2025) representa una oportunidad histórica para que el Alto Tribunal fije el alcance y contenido de los derechos de libre determinación, autonomía y autogobierno indígenas, en relación con el derecho de los pueblos a recibir y gestionar recursos públicos, así como la determinación sobre los mecanismos de reconocimiento de autonomías distintas a los municipios indígenas.
Este proceso es el primer caso acompañado jurídicamente por la IBERO Puebla en llegar a la Suprema Corte. Consideramos que esto representa un logro en materia de incidencia de nuestra Universidad en asuntos de interés público, en particular de reivindicación de los derechos humanos de personas y comunidades en el contexto indígena, caracterizado históricamente por una dinámica de relación colonial entre el Estado mexicano y los pueblos.
En el marco de la reciente reforma al artículo 2° de la Constitución Política Federal, la reconfiguración del Poder Judicial de la Federación y la resignificación de “lo indígena” en el discurso estatal, llamamos a la Suprema Corte a resolver con una perspectiva intercultural, maximizar los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, y reconocer la existencia de un cuarto orden de gobierno en nuestro sistema constitucional.
