Recientemente tuve oportunidad de participar en el Seminario Internacional «Hacia una política de rendición de cuentas en México», en el panel denominado La Fragmentación Social y la Rendición de Cuentas.
A lo largo de este panel se habló de la necesidad de restablecer el tejido social, impulsar la creación de auténticos canales de participación ciudadana, así como trabajar sobre una cultura cívica de respeto a la legalidad. Es decir, se trata no sólo de que las organizaciones de la sociedad civil intercambien información con el gobierno, sino que sean generadoras de un cambio social que propicie una ciudadanía activa, informada y crítica, y la sociedad civil logre consolidarse para ser considerada en la toma de decisiones gubernamentales y pueda ejercer diversas formas de control sobre la autoridad.
Se ha dicho con insistencia que la democracia se fortalece con la aplicación de la transparencia, garantizar el derecho de acceso a la información y el pleno respeto a la libertad de expresión. Al mismo tiempo, se reconoce que el avance que nuestro país ha tenido en materia de transparencia no es homogéneo en todos los estados, que en algunas entidades hay mayor resistencia de parte de los gobiernos a rendir cuentas.
Sabemos también que, a pesar de la creación de leyes y de organismos en materia de transparencia, la percepción en la sociedad es que la corrupción en nuestro país ha crecido.
Con estas primeras aseveraciones, me refiero a dos problemas que inciden en la fragmentación social que vive México.
El primero de ellos es a la presencia, cada vez mayor, de la crisis política que ha tensado la relación entre la sociedad y las instituciones del Estado mexicano.
Aunque son varias las causas de dicha crisis, basta con mencionar que la incapacidad del Estado y el gobierno para resolver problemas como la pobreza, disminuir la desigualdad o reducir la brecha de la inequidad, ha profundizado la crisis política y acentuado la fragmentación de la sociedad, hoy desconfiada de las instituciones públicas y con una profunda pérdida de credibilidad hacia los actores políticos.
Para nadie es extraño que la desconfianza ciudadana en México tenga una presencia cada vez más fuerte y arraigada en la cultura política, situación que tiene una fuerte incidencia en la fragmentación social.
Diversas investigaciones y estudios de opinión confirman, ante el alto grado de desconfianza de los ciudadanos, que es urgente impulsar y fortalecer el capital social.
Otro aspecto tiene que ver con el debilitamiento de las mismas instituciones y los efectos que genera en perjuicio de la rendición de cuentas.
En distintos foros se ha reflexionado insistentemente sobre la tesis de que la corrupción y la impunidad debilitan a las instituciones públicas y privadas, distorsionan a la economía y erosionan la moral social de la sociedad.
No es gratuito que el último del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Organización de los Estados Americanos, sobre nuestra democracia, establezca tres recomendaciones muy puntuales para el ejercicio democrático del poder:
o Fortalecer la independencia de los poderes.
o Fortalecer las instancias de rendición de cuentas.
o Incrementar el poder político real del Estado, modernizando sus organizaciones.
En el caso especial de la rendición de cuentas, estos organismos internacionales recomiendan pasar de una transparencia pasiva a una transparencia activa para fortalecer el control ciudadano del Estado.
En ese sentido -aseveran estos organismos-, para que la rendición de cuentas vertical sea efectiva, es indispensable facilitar el acceso a la información y la transparencia de los actos y las políticas públicas, en su etapa de formulación y ejecución.
Lo anterior requiere, entre otros factores, fortalecer la relación de colaboración del gobierno con los ciudadanos y darnos a la tarea de vigorizar las instituciones con una política integral de rendición de cuentas.
Debemos, por lo tanto, vigorizar a las instituciones para disminuir el riesgo de una inestabilidad política y una mayor fragmentación social.
Para decirlo en palabras de Andreas Schedler: «La vida en un vacío institucional, se ve privada de todo lo confiable, de las certezas que normalmente permiten a la gente ver más allá del futuro inmediato, ahorrar e invertir, planear, prevenir y posponer, desplazar al futuro costos presentes o, simplemente, confiar y relajarse».
Sin futuro ni normas sociales que promuevan la convivencia basada en la tolerancia y el respeto al otro, la desconfianza ciudadana crece y se instala como una práctica cotidiana.
La salida posible a este doble problema: la desconfianza ciudadana en las instituciones del Estado y el propio debilitamiento de las mismas, pasa necesariamente por un rediseño institucional que contemple la participación de los ciudadanos mediante la construcción de políticas públicas enfocadas a la consolidación democrática del país y la creación de un sistema articulado de rendición de cuentas.
Felicito al Centro de Investigación y Docencia Económicas; a la Red por la Rendición de Cuentas, y al Instituto Federal de Acceso a la Información por estos valiosos encuentros de reflexión y de propuesta.
Blanca Lilia Ibarra Cadena
