Las cosas cambian según los intereses de cada persona, o al menos así parece, pues, cuando en el sexenio pasado los priistas se daban a la tarea de defender al titular del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), Víctor Manuel Hernández Quintana, es precisamente ahora cuando un legislador de ese instituto político, lo acusa de bloquear al presidente municipal de Tlatlauquitepec, Porfirio Loaeza Aguilar, e impedir que solventara pliegos de observaciones por 19 millones de pesos, lo que ocasionó que el Congreso del Estado aprobara la revocación de su mandato, procedimiento que se hará efectivo al publicarse el decreto en el Periódico Oficial.
Esto lo declaró el diputado local del PRI, Édgar Sánchez Gómez, quien criticó la actuación parcial del organismo legislativo, respecto a la comprobación del uso del erario público en la administración en ese municipio, durante el periodo 2005-2008, que también presidió Loaeza Aguilar.
Por ello, el diputado priista, lamentó que el órgano fiscalizador sea utilizado como garrote político para perjudicar a los presidentes municipales; incluso, dijo que conoce casos de otros ediles que están en las mismas condiciones; sin embargo, se abstuvo de revelar nombres para evitar ataques en su contra.
Pero eso no fue todo, pues anteriormente, Loaeza Aguilar incriminó a Víctor Manuel Hernández Quintana como el responsable de que el Congreso local revocara su mandato, al acusarlo de extorsión por un millón de pesos en el 2006 cuando el auditor general del Órgano de Fiscalización Superior dejó de prestar sus servicios como auditor externo en el municipio de Tlatlauquitepec.
De igual manera, tras enterarse de su destitución, Porfirio Loaeza declaró a los medios de comunicación que impugnaría la resolución del Congreso, pues según dijo, pagó 250 mil pesos al titular del OFS de su bolsa para que Hernández Quintana retirara la demanda en contra del Ayuntamiento por incumplimiento de contrato, y que el auditor general después le exigió más dinero amenazándolo con fincarle responsabilidades por daño patrimonial, cuando ya era titular del órgano fiscalizador.
Respecto a este asunto, el aún presidente municipal por Movimiento Ciudadano, dijo que decidió prescindir de los servicios de Hernández Quintana a principios de 2006 debido a «malos manejos», motivo por el cual el auditor general presentó una demanda en contra del ayuntamiento por el incumplimiento del contrato con la exigencia de que pagara el año completo de sus servicios. A finales del 2006 se reunió con el titular del OFS en el restaurante «El Changarro».
«Él me pidió un millón de pesos a cambio de que se calmaran las cosas, de que retirarán la demanda, le dije que no era posible entonces me pidió 800, luego 500 y llegó hasta 250 mil pesos. Yo le dí el dinero de mi bolsa porque eran finales de año y el municipio ya no tenía recursos, le entregué dos cheques a título personal por 125 mil pesos cada uno y él los recibió cuando ya era titular del OFS», y siguió extorsionándolo.
