El reciente secuestro y asesinato de la madre buscadora Aida Karina Juárez Jacobo, pone de relieve la vulnerabilidad de miles de personas que buscan a sus familiares desaparecidos, quienes enfrentan criminalización, hostigamiento y amenazas de agentes del Estado y de la delincuencia organizada. Desde 2010 a la fecha, al menos 30 personas buscadoras —en su mayoría mujeres— han sido asesinadas en el país. De acuerdo con el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU, esta situación da cuenta del “patrón de riesgo sistemático” que enfrentan las madres y abuelas buscadoras.
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, resulta preocupante que a la impunidad generalizada y la ausencia de condiciones que aseguren verdad, justicia y presentación de las personas desaparecidas en México, se suma el contexto de riesgo para sus familias, así como el funcionamiento inadecuado de los sistemas de búsqueda y su articulación con las instituciones de investigación de justicia.
Con el inicio de una nueva era judicial, resultado de la primera elección popular de jueces y juezas en el país, llamamos al Poder Judicial de la Federación y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a garantizar los derechos de las personas desaparecidas y sus familiares, reconociendo, como ha sostenido la ONU-DH México, el papel clave de los órganos jurisdiccionales para garantizar procesos justos y reparar a las víctimas como condiciones imprescindibles para revertir la impunidad estructural.
Para la Clínica Jurídica Minerva Calderón, el Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática, y el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ, la supervisión y control judicial de las investigaciones, la garantía de la calidad de víctima y del derecho de participación, el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas desaparecidas a través de sus familiares y la tutela adecuada de la Declaración Especial de Ausencia, constituyen responsabilidades superlativas del Poder Judicial de la Federación, por lo que llamamos a las y los jueces a asumir un rol activo y garante de los derechos de las personas.
