Published On: Jue, Mar 31st, 2011

Enfrenta proceso penal por portación ilegal de arma de fuego

El agente del Ministerio Público Federal solicitó y obtuvo del Juez Octavo de Distrito en Puebla la orden de reaprehensión contra Adán Basurto Espíndola por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en la modalidad de portación de arma de fuego sin licencia.

 De acuerdo con el expediente, el 6 de diciembre de 2009, elementos de la Policía Municipal de Tehuacán recibieron un reporte informando que sobre la avenida Nacional, esquina con la calle Venustiano Carranza de la junta auxiliar de la población de Santa Cruz Acapa, perteneciente al municipio de Tehuacán, circulaba a exceso de velocidad un vehículo tipo Pick-up, marca Ford F-150, modelo 1997, con placas de circulación de Luisiana, donde al parecer viajaban, una persona armada, por lo que al trasladarse al lugar referido se percataron de la presencia del vehículo descrito, el cual era conducido por Basurto Espíndola, a quien se le hizo una revisión y se le encontró un revólver calibre .38 mm, especial, marca Rossi, número de matrícula J070264 y cinco cartuchos útiles del mismo calibre.

 Por ello, el Representante Social de la Federación inició la averiguación previa AP/PGR/PUE/TH/220/09/I, contra el ahora procesado por el delito referido y luego de desahogar todas las diligencias necesarias obtuvo su libertad provisional bajo caución, consignándose el expediente sin detenido dentro de la causa penal 79/2009, pero al no encontrársele en el domicilio que proporcionó, se solicitó su orden de reaprehensión, misma que fue otorgada y cumplimentada por elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y fue recluida en el Centro de Readaptación Social de Puebla, quedando a disposición de la autoridad judicial que le requiere.

 El Gobierno Federal seguirá trabajando para propiciar un ambiente de certidumbre jurídica en el que las personas tengan la certeza de que cuentan con instituciones y programas gubernamentales que garantizan el respeto a sus derechos y la preservación de su patrimonio mediante la aplicación de la ley.

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