Published On: Vie, Ago 16th, 2019

Determina Juez prisión preventiva a Rosario Robles

El juez federal Felipe de Jesús Delgadillo determinó prisión preventiva justificada contra Rosario Robles durante todo el tiempo que dure el proceso judicial por ejercicio indebido de servicio público.

La exsecretaria de Estado en el gobierno de Enrique Peña Nieto enfrenta juicio por su presunta responsabilidad en el delito de corrupción y si es encontrada culpable se le puede imponer una pena mayor a cuatro años, por lo que no alcanzaría beneficios, ni sustitutivos de la condena.

La acusación en contra de la extitular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrícola, Territorial y Urbano (Sedatu), cargos que ostentó en la administración de Peña Nieto, no es por un delito considerado grave y, en consecuencia, no implica pena de prisión.

Sin embargo, se le dictó prisión preventiva justificada a solicitud del Ministerio Público, lo cual ha levantado ronchas y suspicacias dentro de la oposición política.

El dictamen del juez Delgadillo sobre la medida cautelar indica que, agotado el debate entre las partes, este juzgador determinó procedente imponer a la imputada la medida cautelar de prisión preventiva justificada, que deberán cumplir en el interior del Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla.

Aclara que se le impone porque la imputada carece de arraigo en esta ciudad, si bien afirmó vivir en el mismo domicilio hace veinticuatro años; existe un informe del Cenapi donde consta que recientemente tramitó una licencia de conducir (licencia oficial) en un domicilio diferente. Lo que implica mentir sobre su residencia y equivale a presunción de riesgo.

‘Hay probabilidad que pueda darse a la fuga, tiene los medios y los contactos’, concluye la decisión del juez protestada por la defensa de la exfuncionaria, la cual anunció que en breve presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura de la Federación contra el juez Delgadillo.

La defensa considera que ‘su actuar resulta contrario a nuestra Carta Magna, al Código Nacional de Procedimientos Penales, a los Tratados Internacionales firmados y ratificados por nuestro país en Materia de Derechos Humanos y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación’, al haber dictado la prisión preventiva justificada a la exsecretaria de Estado.