El agente del Ministerio Público de la Federación consignó ante el Juez Segundo de Distrito en el estado a José Isabel Lozada Rueda y José Ernesto Romero Daniel o José Ernesto Romero Ramírez, por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de robo de hidrocarburo en la modalidad de aprovechamiento sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente pueda autorizarlo, de los equipos o instalaciones de la industria petrolera.
De acuerdo con la averiguación previa AP/PGR/PUE/PUE-II/315/2011, elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), se encontraban circulando a la altura de la calle 30 Oriente, en el Barrio de Santiago Mixtitla, en el municipio de San Pedro Cholula, cuando se percataron de la presencia de un vehículo tipo tanque, color blanco, marca Ford, y que además tenía unas mangueras de color negro de las cuales expedía un olor parecido al petróleo crudo por lo que al realizarle una inspección a dicho vehículo, descubrieron que contenía hidrocarburo crudo, el cual dio un total de 4 mil 350 litros.
Al revisar a Lozada Rueda y a Romero Ramírez, sus tripulantes, a este último le encontraron 18 mil 900 pesos, manifestando que los obtuvo de la venta del petróleo crudo y que no contaban con la documentación que amparara la procedencia lícita del producto.
Por ello, los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición del Representante Social de la Federación quien inició la averiguación previa referida, dentro de la cual desahogó diversas diligencias en coordinación con el apoderado legal y personal pericial de Petróleos Mexicanos (Pemex) para consignar el expediente por el delito indicado, turnando el caso ante el Juez Segundo de Distrito, dejándole a su disposición el vehículo, el petróleo así como a los consignados, quienes se encuentran internos en el Centro de Readaptación Social del estado, donde enfrentarán su proceso penal.
El Gobierno Federal seguirá trabajando para propiciar un ambiente de certidumbre jurídica en el que las personas tengan la certeza de que cuentan con instituciones y programas gubernamentales que garantizan el respeto a sus derechos y la preservación de su patrimonio mediante la aplicación de la ley.
