Pese a tener en sus escritorios varias denuncias por la operación ilegal o pirata de un grupo de camionetas que dan el servicio de transporte de pasajeros entre la Glorieta de San Jerónimo y Santa Fe, las autoridades del gobierno de la Ciudad de México y quienes despachan en la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), hacen caso omiso, pese a que día con día afirman que luchan contra la corrupción.
A 11 meses de la entrada del nuevo gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo y, contrario a sus declaraciones a los medios, Andrés Lajous sigue sin atender el caso, como la más reciente queja de un ciudadano del pasado 17 de octubre, quien cansado de no ser escuchado por la SEMOVI se dirigió a la Directora General del INVEA, María Idalia Salgado Hernández, a quien le expone su “más enérgica queja en contra de unas camionetas pirata y sus conductores que dan servicio sin tener autorización”.
Entre las 6:00 y 9:00 horas de la mañana y 16:00 a 22:00 por la noche un grupo de camionetas de color blanco, que cuenta con grupos de choque y vigilancia llamados “halcones”, realizan el servicio de lunes a sábado por una cuota de 35 pesos, sin los mínimos lineamentos de seguridad porque, según afirma el vecino quejoso, ha platicado con los propios operadores y carecen de seguro de transporte público, por lo que si ocurre algún accidente, los usuarios no serían atendidos y/o indemnizados.
Ese tipo de camionetas que son abordadas en Anillo Periférico Sur y Tarasquillo en San Jerónimo y la confluencia de Juan Salvador Agraz y Vasco de Quiroga en Santa Fe, son para 14 pasajeros, incluido el chofer, pero llegan a subir en las horas de mayor demanda hasta 20 o 22 personas, como se puede apreciar en los videos anexos, creando un riesgo mayor, ya que son vehículos con poca estabilidad.
Algún poder dentro de la SEMOVI deben tener los propietarios de tales camionetas, dijo el vecino afectado, quien solicitó omitir su nombre por temor a represalias del grupo de choque con el que actúan, para proteger las acciones ilegales de las 16 camionetas o más con que prestan el servicio.
La omisión de las autoridades a estos actos de fuerza dejan muy en claro que cualquiera con poder económico y político, por tener amigos en las dependencias de gobierno, pueden hacer lo que quieran ilegalmente, y no habrá consecuencias ni cambio en la forma de hacer las cosas en esta ciudad.
