Los integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que preside la Diputada Josefina Buxadé Castelán, aprobaron por unanimidad, reformar el segundo párrafo de la fracción III del artículo 3, las fracciones II, III y IV del artículo 20; y adicionar la fracción IV al artículo 4 y la fracción V al artículo 20 de la Constitución del Estado de Puebla, por el que se incorpora la figura de candidaturas independientes. Dicha propuesta, fue presentada por los miembros de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, que preside el Diputado Mario Riestra Piña.
El tema será presentado al Pleno de esta Soberanía para su validación, y de ser aprobada, Puebla sería el quinto Estado en contar con la figura de candidaturas independientes, y con ello los ciudadanos podrán ser registrados como candidatos, sin necesidad de pertenecer a algún partido político.
Por lo anterior, el Cuerpo Colegiado acordó que los partidos políticos deberán de constituirse sólo por ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya afiliación corporativa. Asimismo, corresponde a éstos el derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con excepción de lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Estatal.
Por otro lado, la Comisión avaló reformar la fracción XIII del artículo 123 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y la fracción XIII del artículo 48 del Reglamento Interior del Congreso Local, para modificar la denominación de la «Comisión de Equidad y Género», quedando como «Comisión de Igualdad de Género». Lo anterior atiende a las políticas de orden internacional, respecto al tema de igualdad.
Finalmente, por votación unánime, los legisladores avalaron el proyecto de Decreto que envío la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por el que se modifica la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política, en materia de legislación procesal penal única. Con esta reforma se dota de herramientas jurídicas, para expedir una legislación donde se establezcan los delitos, y las faltas contra la federación, las penas y sanciones que por ello deban de imponerse, así como la legislación en materia de delincuencia organizada, y de procedimental penal y de ejecución de penas que regirá en la República Federal y en el fuero común.
