El número de muertos por la explosión del 18 de enero de un oleoducto saboteado en el municipio de Tlahuelilpan, en el central Estado de Hidalgo, ascendió a 132, informó este sábado el titular de la Secretaría de Salud de México, Jorge Alcocer Varela.
Transcurridos 35 días desde la tragedia, el funcionario informó este día de que uno de los cuatro menores que resultaron heridos en la explosión y que era atendido en un hospital de Galveston, Texas, falleció, sin precisar la fecha.
«En Galveston siguen siendo atendidos tres, pero el cuarto falleció», dijo Alcocer a medios de comunicación tras la inauguración de la primera Semana Nacional de Salud 2019 en la ciudad de Pachuca, Hidalgo.
El menor, de 15 años que tenía el 87 % de su cuerpo afectado por las quemaduras, fue trasladado a Galveston el 29 de enero tras una estancia de nueve días en el Centro Nacional de Investigación y Atención a Quemados del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) de la capital mexicana.
El funcionario indicó que siguen siendo atendidos 11 heridos por la explosión los cuales tiene diferentes pronósticos, uno muy grave, cuatro graves, tres delicados y tres estables y recordó que seis fueron dados de alta.
El pasado 18 de enero, un grupo de pobladores del municipio de Tlahuelilpan, en el estado central de Hidalgo, reventó un oleoducto de hidrocarburo y empezó a sustraer, de una forma muy rudimentaria, la gasolina.
Al cabo de dos horas, y pese a la presencia del Ejército, que poco pudo hacer para controlar a centenares de personas que se acercaron a recoger gasolina, se registró una fuerte explosión.
Desde que llegó al poder el 1 de diciembre pasado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, comenzó un combate frontal al robo de hidrocarburos que desde hace años sufría la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), delito que genera pérdidas millonarias para la compañía.
Según fuentes oficiales, las pérdidas llegaron a 65,000 millones de pesos (unos 3,400 millones de dólares) tan solo en 2018.
Para acabar con este problema, se reforzó la vigilancia de los ductos desplegando miles de agentes de seguridad y se cambió el método de transporte de gasolina a uno que implica el uso de pipas (camiones cisterna).
Estas medidas causaron durante el mes de enero una crisis de desabastecimiento en diez estados del país, con estaciones de servicio cerradas y compras de pánico.
