La dirigencia nacional del PRI, que encabeza César Camacho, inició el cabildeo entre la militancia tricolor para eliminar de su Programa de Acción los candados a la aplicación del IVA en alimentos y medicinas, y a la participación de inversión privada en áreas de Pemex.
De esta manera, el partido busca allanar el camino al Gobierno de Enrique Peña Nieto para que pueda presentar ante el Congreso sus iniciativas fiscal y energética en el segundo semestre del año.
De acuerdo con un documento enviado a mitad de enero a los liderazgos estatales, gobernadores, dirigentes y representantes de sectores y de organizaciones adherentes, con miras a la Asamblea Nacional que se realizará del 1 al 3 de marzo, se plantea modificar la redacción del artículo 154. En la propuesta, se suprime la frase: «El PRI defiende la economía popular y no aceptará la aplicación del IVA en alimentos y medicinas», y agrega un enunciado precisando el concepto de soberanía alimentaria.
De ser aprobado por los delegados, el párrafo quedaría así: «Apoyar con todo vigor a los productores agropecuarios de nuestra nación para garantizar la soberanía alimentaria, a partir de la implementación, supervisión y mejoramiento permanente de un nuevo modelo de producción alimentaria». Por otra parte, la redacción del punto 274 sobre la reforma fiscal, en el que el PRI promueve una reforma hacendaria que aumente los recursos públicos sin que se haga a costa de mayores gravámenes para los sectores más desprotegidos de la población, se mantiene intacta. En materia energética, la dirigencia priista plantea modificar el artículo 300 para dar paso a la inversión privada en la generación de energía, según el documento.
«El objetivo de garantizar la seguridad energética del país y ofrecer productos y servicios suficientes, oportunos, de calidad y competitivos para todos los mexicanos, esto implica diseñar mecanismos para favorecer una mayor participación del sector privado en la generación de energía, manteniendo la propiedad y rectoría sobre los hidrocarburos y otras fuentes energéticas por parte del Estado y que sea éste el garante del desarrollo nacional», menciona el enunciado propuesto. La redacción actual precisa que «es necesario mantener la propiedad, la dirección, el control y el usufructo del Estado en Pemex, CFE y LFC y transformarlas en empresas paraestatales modernas, para lo cual e indispensable fortalecerlas, innovarlas y actualizar sus marcos legales para que prosiga su aporte al desarrollo del país».
