Miami.— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decretó oficialmente cambiar el nombre del golfo de México al golfo de América. Aunque pueda parecer un gesto simbólico, esta propuesta está cargada de posibles implicaciones políticas, diplomáticas, económicas y legales que podrían transformar la dinámica de las relaciones internacionales y afectar directamente a los países que comparten esta gigantesca área marítima incluidos sus recursos estratégicos como el gas y el petróleo.
El golfo de México es una de las zonas más ricas en recursos naturales, particularmente en petróleo y gas. Según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés), aproximadamente 17% de la producción de petróleo de EU proviene del golfo de México. Este recurso es fundamental para la independencia energética de EU.
En el plano interno, el decreto podría ser utilizado por Trump para fortalecer su base de apoyo; “particularmente entre los sectores que ven con buenos ojos cualquier medida que refuerce la idea de la supremacía estadounidense”, comenta el analista. La congresista Marjorie Taylor Greene, aliada de Trump, declaró que planeaba presentar un proyecto legislativo para cambiar el nombre del golfo.
“Donald Trump, dentro de EU y en su legislación le va a llamar golfo de América porque tiene esa potestad y lo va a hacer”, dice el académico Pescador, “pero no porque vaya a querer quitar territorio marítimo, porque hay límites marítimos territoriales y están muy bien definidos y existe una ley internacional marítima que el Congreso estadounidense reconoce para cualquier arbitraje. No creo que vaya por ahí”. Cualquier intento de ejercer un control unilateral a nivel mundial sobre el golfo enfrentaría retos legales y diplomáticos. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) otorga derechos exclusivos a los países costeros sobre las Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) que se extienden hasta 200 millas náuticas desde sus costas. Dentro de estas zonas, los países tienen derechos exclusivos sobre los recursos naturales y actividades económicas.
En el caso del golfo de México, México tiene jurisdicción sobre 829 mil kilómetros cuadrados, mientras que EU controla 662 mil kilómetros cuadrados. Estas delimitaciones están claramente definidas y respaldadas por el derecho internacional. El analista jurídico James Kraska, explicó que “Estados Unidos no puede, bajo ninguna circunstancia, reclamar jurisdicción total sobre el golfo sin enfrentar una resistencia legal significativa de México y otros actores internacionales”. Esto incluye la necesidad de negociar cualquier cambio en las aguas internacionales del golfo en foros multilaterales, como la Organización Marítima Internacional (OMI).
Renombrar el golfo de México puede parecer un acto simbólico, pero sus implicaciones podrían ser profundas y multifacéticas. Desde el punto de vista político, genera tensiones bilaterales con México y proyecta un mensaje de unilateralismo al mundo. Económicamente, podría alterar el comercio y las operaciones en una de las regiones más estratégicas del hemisferio occidental y deja mucho que pensar sobre la posibilidad de querer ampliar la influencia estadounidense sobre los recursos naturales bajo el lecho del golfo de México; aunque legalmente, enfrente barreras casi insuperables debido a las delimitaciones internacionales vigentes.
Un cambio no sólo requeriría negociaciones y aprobación en el ámbito nacional a través de la Junta de Nombres Geográficos de EU, sino también en el internacional, con la participación de la Organización Hidrográfica Internacional, la ONU y los países afectados. La falta de consenso regional o internacional haría prácticamente inviable la implementación de un cambio de nombre con reconocimiento global.
