La mediocridad y la improvisación institucional siempre terminan por entregar malos resultados y de manera casi inequívoca, desnudan las limitadas capacidades de quienes por error desempeñan una tarea o un encargo público.
El poder legislativo de Puebla padece de una insuficiencia profesional que no se cansa de exhibir su torpeza y un adocenamiento casi sistemático.
Y no, no solo se trata de aquellos individuos que por azares del destino y perversidades del sistema político mexicano llegan a ser de esos diputados (as) que solo buscan amasar fortunas fugaces o carreras políticas de circunstancia.
Junto con estos lamentables representantes del pueblo también llegan otros muchos “profesionales” que solo calientan asientos en oficinas y áreas clave del poder legislativo poblano.
Es el caso de todos los que quedaron exhibidos y hasta ridiculizados por una Suprema Corte que también enfrenta sus propios rezagos pero que aun así y con todas sus limitaciones, es el máximo tribunal de los mexicanos.
El pasado martes 14 de abril quedó invalidado el artículo 480 del código penal que buscó de forma descuidada tipificar el delito de ciberasedio, un abuso creciente que merece ser analizado y tratado con extrema seriedad a fin de proteger a las sociedades que hoy lo padecen.
La razón por la que una mayoría de ministros decidieron atender las acciones de inconstitucionalidad presentadas con anterioridad e invalidar el artículo en cuestión fue simple pero contundente: el tipo penal redactado resulta ambiguo y vulnera el principio de certeza y legalidad en su vertiente de taxatividad.
Los responsables del área jurídica, la secretaría general del congreso y otros, no hicieron de manera correcta y profesional su trabajo; no fueron capaces de redactar con claridad una serie de ideas y términos claves en la ley como “vigilar”, “hostigar”, “ofender” o “intimidar”.
Los responsables del tinglado legal en el poder legislativo poblano tampoco pudieron exponer con precisión los alcances o causales del “daño”, ni redactar con claridad qué conductas debían estar prohibidas y en cuales casos debía aplicarse una ley aprobada por legisladoras y diputados que por supuesto, fueron exhibidos como ignorantes o vulgares levantadedos.
El pleno de la Corte fue más allá y determinó que una figura tan amplia pero tan vaga, no puede utilizarse para investigar y en el extremo castigar incluso con prisión.
Más aún, los ministros advirtieron que “leyes” de esta naturaleza pueden generar un efecto inhibidor en el obligado debate público al exponer a los ciudadanos al riesgo de enfrentar penas por ejercer su libertad de expresión en redes sociales.
El lógico revés de una Corte alineada con la 4T expone el serio riesgo que en materia legislativa viven los poblanos al tener en el Congreso del estado a un puñado de improvisados o ignorantes que votan sin leer y en el extremo, sin entender los alcances de su voto.
Pero también exhibe el despropósito de quienes buscan justificar sus posiciones y salarios bajo ese patético principio obradorista de “90 por ciento de lealtad y 10 por ciento de capacidad”.
Ahora en el Congreso de Puebla han ordenado una revisión para determinar el grado de irresponsabilidad en estos servidores públicos, sin embargo esta evaluación debe extenderse a todas y todos sin excepción, incluidos aquellos (as) que por ser electos (as) por el pueblo “bueno y sabio” se saben mediocres, pero intocables.
La antítesis de la lealtad mediocre
La otra cara de la moneda también se puede encontrar en la administración pública y uno de los mejores ejemplos es el del vicealmirante Francisco Sánchez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública.
De formación militar y experiencia probada, el responsable de la cartera más compleja del gobierno estatal sabe que la aprobación de su trabajo depende de sus resultados y no de una actitud zalamera con el titular del ejecutivo.
Después de un año y cuatro meses de investigación, inteligencia y trabajo de campo, el vicealmirante logró la captura de Roberto N. alias “El Bukanas”, el líder criminal más buscado en el estado de Puebla.
“El Bukanas” lideró por más de una década el grupo delictivo conocido como Sangre Nueva Z; pasó de ser policía a criminal y cabeza de una de las estructuras más buscadas por su operación en el robo y trasiego de combustibles.
Roberto N. fue ubicado y detenido en la localidad de Tres Cabezas en la región de Chignahuapan donde elementos de la Marina y de la Secretaría de Seguridad Pública estatal lograron cercarlo y someterlo en un operativo discreto y por mucho efectivo.
El secretario Francisco Sánchez ha logrado con discreción y eficacia un golpe de suma importancia para el estado y la región. Lo que seis titulares de seguridad pública en el estado no pudieron o quisieron hacer en más de una década, el marino lo consiguió en un año y cuatro meses.
El golpe a esta estructura criminal llega 5 días después del encuentro entre el gobernador del estado Alejandro Armenta y el secretario de Seguridad Pública federal, Omar García Harfuch, lo que confirma el nivel de coordinación entre la federación y Puebla.
La limpieza en el denominado Triángulo Rojo se asoma como una tarea impostergable para los próximos meses.
