En sesión del Pleno de la Corte del día 5 de noviembre, los 11 Ministros que integran nuestro más alto Tribunal de la Nación, analizaron y debatieron respecto al proyecto de sentencia presentado por el Ministro Juan Luis González Alcántara y Carrancá, en donde se fijaba posición para declarar fundadas diversas acciones de inconstitucionalidad promovidas por los partidos políticos PAN, PRI, MC, quienes impugnaron la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la reforma constitucional al Poder Judicial, que fue promulgada por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador el día 15 de septiembre.
La gran mayoría de los juristas de nuestro país tenían esperanzas en que prosperara favorablemente el proyecto del Ministro González Alcántara y Carrancá y en consecuencia que fueran declarados inconstitucionales diversos artículos de la reforma constitucional, pero dicha aspiración no se dio por el voto del Ministro Alberto Pérez Dayan, quien consideró improcedentes las acciones de inconstitucionalidad apoyando el sobreseimiento de dichas acciones.
En un principio de la sesión, la Ministra “del pueblo” Lenia Batres, solicitó el aplazamiento del análisis de dichas acciones, pero los demás Ministros votaron a favor de que se continuara con su estudio.
Fue el Ministro González Alcántara y Carrancá, quien leyó su proyecto de sentencia, el cual determinaba que diversos artículos de la reforma judicial son inconstitucionales y que sobre todo se debería proteger a los Jueces y Magistrados Federales en su carrera judicial, estando conforme en que el proceso electoral solamente se aplicara a los Ministros de la Corte, Magistrados del Tribunal Electoral y los futuros Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial.
Expertos políticos, consideraron que este proyecto de sentencia, era un guante blanco para que la actual Presidenta Claudia Sheinbaum, pudiera modificar a través del Congreso de la Unión, la reforma judicial y que esta no sea tan agresiva para los inversionistas extranjeros e inclusive el pueblo mexicano. Lo que no aconteció al declarar la titular del Poder Ejecutivo que dicho proyecto no pasaría.
Del proyecto de sentencia comentado, se analizó si los partidos políticos están legitimados, para promover acciones de inconstitucionalidad, lo que aprobaron por una mayoría de 8 votos de los Ministros presentes. No así las Ministras Morenistas Loretta Ortiz, Lenia Batres y Yasmín Esquivel.
Pasando al estudio de la procedencia de las acciones de inconstitucionalidad, se dio un debate acalorado, en el sentido de que no se puede impugnar una reforma constitucional por medio de las acciones de inconstitucionalidad, según Lenia Batres son supremas e inimpugnables, según las últimas reformas a la Constitución aprobadas y promulgadas fast track el 31 de octubre del presente año.
Ministros como Margarita Ríos Farjat, Luis María Aguilar, Javier Laynez Potisek, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Mario Pardo Rebolledo, e inclusive el ponente de la sentencia González Alcántara y Carrancá, estimaron que, si es posible impugnarlas y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está facultada para revisar dichas impugnaciones, debido a que, violentan principios fundamentales de nuestra Carta Magna como son la división de poderes, la independencia y autonomía del Poder Judicial. Estos principios en algunas Constituciones del mundo se les denomina artículos pétreos.
El Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, dio una cátedra de lo que debe entenderse como el poder reformador de la Constitución y su diferencia con el poder constituyente (quien elabora la Constitución). El poder reformador de la Constitución, previsto en el artículo 135 Constitucional, no tiene facultades absolutas para cambiar a su antojo las normas constitucionales, tal y como se llevó a cabo en la reforma judicial.
Que son diversos los términos “reforma y adición” a la Constitución; al concepto substitución de preceptos. Substituir es destruir un precepto por otro y esa facultad no está dada al órgano que reforma la Carta Magna.
Gutiérrez Ortiz Mena, dio ejemplos de Supremas Cortes de los gobiernos de la India y el Continente Africano, que si han analizado las reformas constitucionales e inclusive las han cancelado.
En el caso de Colombia, a través de una reforma constitucional, se pretendió regular la reelección del Presidente en su segundo mandato, lo que estaba en contra de todos los principios de la Constitución de ese país, razón por la cual se declaró nula e inconstitucional.
También, la Ministra Presidenta Norma Lucia Piña Hernández, estuvo a favor de la procedencia de las acciones; pero no obstante ello fue el voto en contra del Ministro Alberto Pérez Dayan, que dio lugar a que las acciones de inconstitucionalidad, se desestimaran y en consecuencia siguen actualmente con toda su fuerza y vigor.
Finalmente, el proceso electoral para Jueces, Magistrados y Ministros, sigue su curso y no hay forma de paralizarlo, ni aun acudiendo a organismos internacionales como la OEA.
Conforme a las nuevas reformas a la Constitución, se establece que el voto mayoritario de 6 Ministros, puede declarar la inconstitucionalidad de una ley o reforma, pero González Alcántara y Carrancá, considero que no era pertinente cambiar las reglas del juego en beneficio de su proyecto de sentencia y que se deberían aplicar la de 8 votos como mayoría calificada, lo que dio lugar a que no prosperara su proyecto.
La crisis constitucional, ahora se encuentra en las estructuras del Poder Judicial Federal, afectando gravemente los derechos humanos de los mexicanos, quienes no pueden tener una tutela judicial eficaz y expedita, en términos de lo que establece el artículo 17 Constitucional.
M.D. MIGUEL ÁNGEL TEJEDA ORTEGA.
