Un recurso contra la decisión de la Suprema Corte de Justicia Nacional (SCJN) de suspender una ley de remuneraciones de servidores públicos, llegó a manos de los mismos magistrados que la impugnaron.
El Poder Judicial es desde hace 48 horas centro de atención de los principales medios de comunicación del país por haberse opuesto a un proyecto de ley del presidente, Andrés Manuel López Obrador, por el cual ningún servidor público de la nación puede devengar un salario mayor a los 108 mil pesos (cinco mil 700 dólares) que percibe el Ejecutivo federal.
La decisión presidencial desató una batalla campal entre magistrados, jueces, y secretarios de la SCNJ y el Poder Ejecutivo, al rechazar de forma masiva la idea del mandatario, quien aseguró que solamente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, gana más que un magistrado mexicano.
López Obrador insistió en tener certificado ingresos de algunos altos jefes de la SJCN que ganan unos 600 mil pesos al mes, equivalentes a 30 mil dólares, y aunque los aludidos lo negaron las cifras parecen darle la razón al mandatario quien apostilló, además, que un salario así es corrupción.
Magistrados y jueces han sellado sus bolsillos para que no salga de ellos ni un centavo, y se aferran a las normas vigentes que, según ellos, les amparan en sus ingresos y que estos no dependen del Ejecutivo. En consecuencia consideraron inconstitucional la ley y la suspendieron.
De todas formas está pendiente el dictamen final a cargo de los propios afectados que pasan a ser, de facto, jueces y parte en la disputa que por el gobierno encabeza la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, responsable del recurso de reclamación ante la propia SCJN en contra de la suspensión a Ley Federal de Remuneraciones.
La Consejería consideró que una ley reglamentaria de la Constitución expresamente indica que la admisión de una acción de inconstitucionalidad no da lugar a la suspensión de la norma cuestionada como hizo la Suprema Corte.
También argumentó que la interpretación del ministro de la SCJN de que los efectos de las leyes cuestionadas podrían afectar los derechos humanos de terceros desatiende los requisitos procedimentales expresos que establece la propia ley reglamentaria, y agregó que la decisión de suspender la ley se fundamentó incorrectamente.
López Obrador anunció que se reunirá con los magistrados para tratar el controvertido asunto y las incidencias de las actuales legislaciones que protegen los salarios y remuneraciones de magistrados y jueces.
