Lima.- El parlamentario peruano Manuel Dammert, experto en materia energética, planteó al presidente Manuel Vizcarra la necesidad de renegociar hy un contrato de venta de gas a México, por considerarlo la estafa del siglo.
En un foro sobre ‘Soberanía Energética para la Diversificación Productiva Nacional’ que se desarrolló en el Congreso de la República, propugnó que la renegociación debe poner fin a la gran estafa que ha significado un perjuicio para Perú de más de 20 mil millones de dólares.
Tal perjuicio se debe a que el gas es exportado por intereses privados a México a un precio reducido, para pagar bajas regalías, pero desde ese país se revende a terceros a precios mucho mayores.
Advirtió que si el nuevo gobierno del presidente Martín Vizcarra desea el progreso y desarrollo del país y diferenciarse de la nefasta gestión de su antecesor, Pedro Pablo Kuczynski, debe asumir una llamada Agenda Nacional de la Soberanía Energética.
Como parte de esa agenda, planteó que la empresa estatal Petroperú, reducida al mínimo por la política privatizadora del gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), recupere la facultad de realizar operaciones de exploración, explotación y desarrollo.
Un acuerdo nacional con tal fin, dijo, será la garantía de autoabastecimiento energético y de desarrollo de la industria petroquímica.
Señaló igualmente la necesidad de masificar el uso de gas natural con la construcción del gasoducto surandino y de instalar un complejo industrial petroquímica.
Para Dammert, su bancada, del progresista Movimiento Nuevo Perú, plantea un texto alternativo al proyecto gubernamental de nueva ley de hidrocarburos, que, afirmó, desnacionaliza esos recursos, al priorizar las concesiones a empresas extranjeras.
Demandó anular decretos para la entrega ilegal de ocho lotes petroleros a las transnacionales Tullow y Anadarko, emitidos por el expresidente Kuczynski horas antes de dejar el cargo a Vizcarra por indicios de corrupción.
Las zonas involucradas están ubicadas en el mar, frente a regiones del norte de la costa peruana y, a decir del congresista, las operaciones petroleras afectarán la pesca de consumo humano.
Tal situación motivó una reciente huelga de pescadores en demanda de anular los decretos y descartar las concesiones, lo que el Gobierno accedió con cargo a evaluar sus consecuencias legales.
