Organizaciones de la sociedad civil, integrantes de la academia y personas defensoras de derechos humanos hacemos un llamado al Senado de la República a rechazar la terna propuesta por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para sustituir a la Ministra Margarita Luna Ramos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), porque no garantiza la independencia judicial dada la cercanía de las tres candidatas con el presidente de la República, con integrantes de su gobierno y su partido, lo que representa un elevado riesgo de conflictos de interés al momento de impartir justicia.
El viernes 1o de febrero, el presidente envió al Senado la terna para la designación de una Ministra de la Suprema Corte conforme lo establece el artículo 95 constitucional. Esta terna se integra por Celia Maya García y Loretta Ortiz Ahlf, quienes ya habían sido propuestas anteriormente por el Ejecutivo y no contaron con el respaldo del Senado de la República en diciembre de 2018 para sustituir al Ministro José Ramón Cossío; así como por Yasmín Esquivel Mossa, vinculada a un empresario del sector inmobiliario, que es al mismo tiempo asesor del Ejecutivo.
Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su Informe de misión a México de la Relatora Especial sobre la independencia de las y los magistrados y abogados enfatizan, como un elemento fundamental para garantizar el derecho de acceso a la justicia, la independencia judicial. Este principio busca dar certeza sobre el ejercicio libre de las labores dentro de las entidades de justicia, eliminando la posibilidad de situaciones de subordinación o dependencia a otros poderes o instituciones ajenos al Poder Judicial, y que la designación no sea influenciada por motivos como la afinidad partidista o la cercanía a grupos de poder.
En este sentido, la evidente cercanía que tienen las integrantes de la terna con el Ejecutivo Federal y el partido al que este pertenece, así como el potencial conflicto de intereses atenta seriamente con el principio de independencia judicial que debe prevalecer en el máximo órgano de justicia. Por estas consideraciones, demandamos al Senado de la República rechace la terna y se genere un proceso abierto que permita la conformación de una terna integrada por personas candidatas que se caractericen por sus méritos, su experiencia y su capacidad, además de su independencia.
Acabar con los altos niveles de impunidad y abusos de autoridad en el país requiere de instituciones de justicia confiables, lo cual pasa por procesos de designación que aseguren que quien sea electa por el Senado es el perfil adecuado para proteger el interés público por encima de intereses privados o de un grupo en específico. Solo en esa medida, podremos tener un país más justo.
