Ciudad de México. Pese a que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) cuenta con las facultades para resolver los más de 20 conflictos agrarios presentados por el diputado federal Lisandro Campos Córdova y el Movimiento Antorchista, hoy miles de campesinos siguen desplazados o despojados de sus tierras a falta de una resolución favorable por parte de la dependencia federal.
Hasta el momento, son más de cuatro las reuniones que el legislador y los representantes campesinos han sostenido con funcionarios de distinto nivel de la SEDATU, entre ellos, la subsecretaria de Organización Agraria, Georgina Trujillo Zentella, pero «aunque existen conflictos muy añejos con 10 o 20 años de existencia y que necesitan destrabarse urgentemente, todavía no hay solución para ninguno de estos», afirmó Lisandro Campos.
El legislador poblano destacó que son las trabas burocráticas y la falta de voluntad política los principales obstáculos que impiden poner fin a los problemas agrarios presentados por el Movimiento Antorchista y que afectan a campesinos de los estados de Tamaulipas, Puebla, Chiapas, Oaxaca y Colima, entre otros.
De acuerdo con el representante del Movimiento Antorchista, Salvador Castañeda, los conflictos planteados por la organización social son problemáticas «muy agudas» que fueron abandonadas por otras organizaciones y cuyos afectados buscaron el apoyo de Antorcha: «Pero la mayoría de estas permanece en el limbo burocrático. A pesar de las múltiples gestiones».
Entre los casos más agudos se encuentra el del predio denominado Libertad y Progreso del estado de Tamaulipas donde más de 80 familias sufrieron el despojo de 600 hectáreas, declaradas como terrenos nacionales, con la promesa de una reubicación. Pero a siete años del desplazamiento los afectados continúan a la espera de una indemnización por parte de las autoridades competentes.
Otro se encuentra en el estado de Oaxaca en las comunidades de Yosoñama y Mixtepec, donde las tensiones entre ambas poblaciones cobraron la vida de cuatro personas. El tercero en el estado de Puebla en el predio el Capiro, del municipio de Guadalupe Victoria, donde la comunidad se ve amenazada por un posible despojo de tierras.
Salvador Castañeda indicó que pese al cambio de administración del PAN al PRI los mecanismos de solución siguen en pro de los grandes terratenientes y mantienen en riesgo la certeza jurídica de los pequeños campesinos, «quienes siguen siendo víctimas de los despojos».
En este sentido, el diputado federal llamó a la dependencia a agilizar y flexibilizar los mecanismos para poner fin a los problemas por la posesión de la tierra, pues el programa para el Conûicto Social en el Medio Rural (COSOMER) está limitado, concluyó.
