El Presidente del CDE del PRI Juan Carlos Lastiri Quirós, se unió al reclamo del Comité Ejecutivo Nacional priista en el sentido de rechazar cualquier intento de persecución política por parte de la Procuraduría General de Justicia en contra de partido.
Al respecto, el CEN del PRI emitió un comunicado mediante el cual se pronuncia en contra del uso partidista de la procuración de justicia, «toda vez que en una Democracia esas conductas son inadmisibles».
Al igual que lo hiciera con anterioridad el dirigente estatal priista; dicho boletín reitera su respeto irrestricto a la Ley y seguirá defendiendo la vigencia del Estado de Derecho en nuestro País.
«La difamación y la filtración mal intencionada de posibles investigaciones son ilegales y corresponden a prácticas de un gobierno autoritario», señala el texto.
Agrega que en los últimos años existen claros ejemplos de esta práctica:
El caso del Estado de Jalisco, donde Arturo Zamora, candidato del PRI al Gobierno, fue acusado falsamente ante la opinión pública pocos días antes de la elección, y cuando encabezaba ampliamente las preferencias en las encuestas, de tener vínculos con el narcotráfico y negocios ilícitos, los cuales nunca se comprobaron y terminaron en una disculpa pública pocos días después de los comicios.
El vergonzoso «Michoacanazo», en el que al final todos los alcaldes inculpados quedaron en libertad, sin que se les haya acreditado la comisión de delito alguno.
En Guerrero, días antes de la elección, se acusó de vínculos con el crimen organizado a Manuel Añorve, candidato del PRI al Gobierno del Estado. Una vez más no se comprobó ilícito alguno.
Juan Carlos Lastiri dijo que al igual que en el plano nacional, el PRI poblano no defenderá a nadie que haya cometido un delito, pero tampoco acepta el manejo faccioso de la Justicia.
En ese contexto se inscribe también la imputación dolosa y temeraria de que los recursos asegurados al Gobierno del Estado de Veracruz iban destinados a apoyar campañas del PRI. Esto es absolutamente falso. Exigimos a quienes acusan que presenten las pruebas respectivas. Nos reservamos el derecho de recurrir a instancias legales.
Las imputaciones falsas enrarecen el clima electoral y minan la confianza de los mexicanos en sus instituciones. En una Democracia no se puede fingir que se impone la Ley, violando la ley.
Basta ya de usar los instrumentos de la Justicia con fines electorales, concluye el comunicado.
