Después del anuncio del Presidente Andrés Manuel López Obrador de que se había nacionalizado las instalaciones de la empresa española Iberdrola, que consta de trece plantas de energía eléctrica en el territorio nacional, surge la pregunta ¿fue nacionalización o compraventa?
Según nuestra Constitución en el párrafo sexto del artículo 27 Constitucional, establece: “Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en esas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la Industria Eléctrica”.
Desde el año mil novecientos ochenta y cuatro la empresa española Iberdrola, se estableció en nuestro país y construyó más de trece plantas destinadas a la generación y producción de energía eléctrica, ya sea mediante sistemas limpios de contaminación o a veces con cierta o moderada contaminación al ambiente y desde esa fecha le ha suministrado a la Comisión Federal de Electricidad un porcentaje considerable de energía, para que este organismo estatal lo distribuya y comercialice a los particulares.
Desde que llegó al poder López Obrador (2018) en sus mañaneras se dedicó a denostar a esta empresa española, considerando que sus operaciones eran en detrimento del pueblo mexicano y el costo del pago de la energía eléctrica.
La Ley de la Industria Eléctrica del año 2021, que fue analizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quedo válida en todos sus términos, en virtud de que no se dio el voto calificado de ocho Ministros para declararla inconstitucional, lo que afectó considerablemente a la empresa Iberdrola y demás compañías extranjeras que se dedican a la generación de la energía eléctrica en nuestro país.
La realidad de las cosas es que el gobierno de López Obrador le compró a Iberdrola parte de sus instalaciones (conservando un 20% dicha empresa), ubicadas en territorio nacional, con un costo aproximado de seis mil millones de dólares; adquisición que se dio a través del FONADIN (Fondo Nacional de Infraestructura), que maneja el gobierno federal y que no se ha esclarecido la forma en que se liquidará a la empresa española la cantidad convenida.
El artículo 27 Constitucional, es muy claro y específico cuando señala que la Nación tiene la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, razón por la cual no se dio la figura de nacionalización, sino únicamente la de compra y venta y que especialistas en la materia consideran favorece sobre todo a la empresa española Iberdrola, ya que sus instalaciones tienen un desgaste mayor al 60% y el gobierno mexicano tendrá que invertir cuantiosas sumas de dinero para mejorarlas o repararlas. Cantidades de dinero que aumentan considerablemente la deuda nacional en dólares.
La compraventa de Iberdrola, dio lugar a que el gobierno mexicano actualmente tenga un 55.5% del control de la Industria Eléctrica; en tanto que el 44.5% restante, les corresponde a empresas extranjeras.
Especialistas en energía eléctrica, señalan que la compra de Iberdrola es un mal mensaje a la inversión extranjera que quiere invertir en México, pues están sujetas las empresas a caprichos de los gobernantes y a una inseguridad jurídica, asegurando que en México no hay un verdadero estado de derecho.
M.D. MIGUEL ÁNGEL TEJEDA ORTEGA.
