El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad, reformas a la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, para sancionar a los concesionarios de gasolineras que compren combustible robado.
Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a empresas concesionarias que tienen estaciones de gasolina de aumentar sus márgenes de utilidad porque se quedan con parte de los estímulos fiscales. La reforma en San Lázaro obtuvo el apoyo de todos los grupos parlamentarios.
Entre las adecuaciones a la legislación se encuentra el decomiso del local y los insumos, así como incapacitar a los permisionarios para obtener otro permiso en un plazo mayor a tres meses y menor a 15 años.
Además, un agregado al artículo 22 de la legislación propone que los que tengan permiso para transportar y distribuir combustible, coloquen a los medios de transporte un sistema de geolocalización compatible con los criterios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Durante la presentación de la iniciativa, la diputada presidenta de la Comisión de Justicia, María del Pilar Ortega (PAN), abundó en que un juez de control podrá pedir a la Comisión
Reguladora de Energía (CRE) la suspensión provisional de la concesión mientras se lleva a cabo la investigación del delito.
«Esta medida servirá de apoyo a la Fiscalía para que pueda reunir más evidencias contra quienes cometen estos delitos», señaló.
El dictamen que fue enviado al Senado contempla también que la CRE genere una lista pública de personas físicas y morales que hayan sido inhabilitadas de los permisos por haber cometido el delito, y le da 120 días hábiles para que genere el espacio en su página de internet.
La iniciativa presentada por la diputada Miroslava Carrillo sostenía también que la incapacidad para obtener otro permiso por 15 años podría ser extensiva a los socios y accionistas de las empresas concesionarias de gasolineras.
