El robo de combustibles en el país es un problema de seguridad nacional, con gran impacto en las finanzas públicas, advierten especialistas de Petróleos Mexicanos (Pemex).
En un comunicado la petrolera anunció que inició procesos administrativos contra 48 de sus trabajadores involucrados en la extracción ilegal de carburante.
Asimismo rescindió el contrato de expendio a 11 gasolineras y actualmente revisa otros casos por comercializar hidrocarburos de forma ilegal.
Indica la fuente que es un problema complejo que trasciende a la competencia de Pemex y requiere de la estrecha colaboración con las máximas autoridades gubernamentales, así como exige al Congreso endurecer las penas de sanción a autores e implicados en esos delitos.
Trascendió que mediante tomas clandestinas se sustraen 12 millones 487 mil barriles de gasolina. El valor estimado en pérdidas de la empresa en los últimos tres años es de 20 mil millones de pesos (mil 140 millones de dólares).
El mayor número de tomas clandestinas detectadas está en el tramo de 594 kilómetros de la conductora Minatitlán-México, que pasa por los estados de Mexico, Veracruz, Puebla Tlaxcala y Ciudad de México.
