El dictamen de la reforma energética propuesta por el Ejecutivo mexicano pasó hoy uno de los primeros niveles legislativos, al ser aprobado en lo general por comisiones unidas del Senado de la República.
Los parlamentarios de los grupos de Energía, Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Primera dieron luz verde al borrador presentado este fin de semana, que recibió 24 votos a favor y nueve en contra.
Avalaron la medida el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), el conservador Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Verde Ecologista de México, mientras se opusieron el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido del Trabajo, ambos de izquierda.
En este momento los grupos de la Cámara alta discuten la iniciativa en lo particular, con el objetivo de tratar de elevarla este mismo lunes al pleno de la instancia legislativa para su primera lectura.
La aprobación de la minuta se dio al reanudarse el debate después de un receso de tres horas, pues senadores del PRD habían tomado la tribuna del Senado para reiterar su oposición a la reforma y exigir la realización de una consulta popular sobre el tema.
El borrador comprende modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución con el fin de permitir que inversionistas privados entablen contratos para explotar yacimientos a través de las figuras de la utilidad compartida y producción compartida, además del régimen de las licencias.
Para la discusión de la reforma energética en lo particular se anunciaron poco más de 200 reservas a los tres artículos de la Carta Magna y a los 21 transitorios que contiene la propuesta.
Una vez que fue aprobada en lo general la reforma energética, el PRD desalojó la tribuna y anunció que dará una batalla legal y política para evitar la privatización.
La propuesta aprobada en comisiones abre toda la cadena petrolera al sector privado y termina con el monopolio en el sector energético, al plantear que la estatal Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad se convierten en empresas productivas.
Ello equivale a que competirán con inversionistas nacionales y foráneos, a quienes se les pagará no solo con dinero, sino con crudo, mediante contratos de riesgo en su modalidad de utilidad y producción compartida.
Aunque el PRI se negó a llevar al texto del artículo 27 constitucional el término de concesiones, como proponía el PAN, se abre toda la cadena petrolera a la inversión privada mediante diferentes tipos de contratos, licencias y asignaciones.
De ese modo, dejan de ser estratégicas la refinación, petroquímica básica, procesamiento de gas natural y generación de electricidad.
