Representantes de organizaciones civiles mexicanas criticaron hoy la decisión del Senado de aprobar la presencia de agentes extranjeros armados en instalaciones migratorias y aduanales.
«Es un acto que pone en riesgo la soberanía del país, pues responde a un proyecto de seguridad dictado por Estados Unidos, opinó Carlos Ventura, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.
Ventura se refirió a la reforma aprobada la víspera en el Senado a la Ley Federal de Armamentos y Explosivos, que permite que agentes extranjeros porten armas en puntos fronterizos y aduanales.
Según la opinión de senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI, en el gobierno) y de Acción Nacional (PAN), que secundaron la iniciativa, ello agilizaría la entrada de mercancías y turistas al país, en particular desde Estados Unidos.
Para Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana en Defensa de los Derechos Humanos, la legislación abre la posibilidad de que el armamento en manos de funcionarios extranjeros sea usado, «favoreciendo la visión militar para resolver conflictos sociales».
Ramírez argumentó que el gobierno mexicano permite la injerencia directa de las autoridades de Estados Unidos mediante «supuestos» acuerdos de migración, combate a la delincuencia y en temas fronterizos.
