– Más de 100 millones de pesos fortalecen la protección de la producción agroalimentaria.
CIUDAD DE MÉXICO. – Puebla destaca como caso de éxito durante la cuarta edición del Congreso Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria. En este encuentro, la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADR), Ana Laura Altamirano Pérez, participó en el panel «El papel de los estados en la sanidad e inocuidad agroalimentaria».
La titular de la SADR mencionó que el Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta Mier, destina 30 millones de pesos de aportación estatal y cuenta con 75 millones de pesos de inversión federal para fortalecer la estrategia de sanidad e inocuidad agroalimentaria.
Con estos recursos, 30 mil productoras y productores de 169 municipios han recibido atención mediante campañas fitosanitarias, zoosanitarias, acuícolas, acciones de trazabilidad y la operación de puntos internos de verificación.
Ana Laura Altamirano señaló que Puebla impulsa una estrategia focalizada de mecanización e incorporación de tecnología para fortalecer al campo, debido a que el 80 por ciento de las unidades de producción corresponde a pequeñas y pequeños productores. Precisó que, a través de 250 módulos equipados con maquinaria, drones e implementos, se brinda atención a 900 mil hectáreas en la entidad.
Asimismo, explicó que existe una estrecha coordinación con el Gobierno de México para desarrollar dos estrategias prioritarias: la sanidad y el uso sustentable del agua, ambas orientadas a fortalecer la productividad y facilitar el acceso a mercados que demandan alimentos con altos estándares de sanidad e inocuidad.
La cuarta edición del Congreso Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria tuvo como propósito impulsar el intercambio de conocimientos, promover oportunidades de negocio e incentivar la innovación en materia de sanidad, calidad y sostenibilidad de los alimentos que México ofrece al mundo.
Además, busca generar beneficios para todos los eslabones de la cadena productiva mediante la participación coordinada de los gobiernos, el sector privado, la academia y la comunidad científica.
