El Partido Revolucionario Institucional (PRI) no tiene por qué utilizar como capital político el proceso de detención de Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador del estado de Veracruz, quien está acusado por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Así lo expresó el presidente del Consejo Nacional de Organismos Empresariales (COE), Francisco Romero Serrano, al argumentar que las autoridades del gobierno federal se tardaron mucho tiempo en tratar de localizar Duarte de Ochoa y lo hacen ahora en un momento de coyuntura electoral que se vive en el Estado de México.
Argumentó que “Javier Duarte solamente representa uno de los tantos políticos corruptos y funcionarios que abusan de su autoridad y del poder que tienen para realizar saqueos al Estado en beneficio de ellos mismos y de sus familias”.
Romero Serrano subrayó que es urgente que las autoridades del gobierno de nuestro país demuestren con hechos su obligación, en el sentido de acabar con la corrupción y la impunidad, ya no pueden seguir ostentándose como héroes, pues los mexicanos pagamos sus salarios con el objetivo de que hagan que la ley se cumpla de manera equitativa para todos y por todos.
Asimismo comentó que el aspirante del PRI a gobernar el Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, proviene de una estirpe de políticos considerada como “grandes dinosaurios”, corruptos a la vieja usanza de dicho instituto político.
En este contexto argumentó que es urgente que se inicie el proceso de recuperación de los bienes patrimoniales de los cuales se hizo Javier Duarte de manera ilegal o ilícita y que se pongan a disposición de la población de manera transparente en favor de los que menos tienen, pues solo de esta manera el Estado dará cumplimiento a las exigencias de la población.
Agregó que las autoridades del gobierno federal deben entregar de inmediato los resultados de las investigaciones que se iniciaron en contra del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo; así como las de Humberto Moreira Valdés, ex gobernador de Coahuila, y castigar a quien no haya dado cumplimiento a los mandatos constitucionales y sólo se haya beneficiado de su paso por la administración pública.
“Un chivo expiatorio no es suficiente para demostrar la sincera aplicación de la justicia, el Estado tiene que entender que su papel no consiste en demostrar el combate a la corrupción, sino en terminar con la impunidad que impera en nuestro país”.
Francisco Romero dijo que actualmente existen muchos priistas que deben ser investigados, así como muchos panistas que se han escudado en “acuerdos nacionales” a fin de burlar la justicia.
