Con el objetivo de establecer las bases sobre las que se desarrollará el proceso, bajo principios básicos como libre determinación, igualdad, identidad cultural, pluralismo, respeto a la tierra, al territorio y a los recursos naturales, este miércoles se presentó en Casa Aguayo el protocolo para la consulta previa sobre la construcción y operación del “Proyecto Sistema Hidroeléctrico Coyolapa-Atzalan”,
Los participantes encabezados por funcionarios de la Secretaría General de Gobierno (SGG), insistieron en que en la consulta se respeten los derechos, usos y costumbres de las comunidades indígenas en las que se pretende construir el complejo; tal y como lo marcan los estándares internacionales del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de la Industria Eléctrica.
Destaca la conformación del Órgano Garante, integrado por la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y por la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla; asimismo, del Comité Técnico Asesor, que será el encargado de dar asesoría en la materia y está integrado por dependencias federales, estatales y autoridades municipales de Zoquitlán, Coyomeapan y San Sebastián Tlacotepec.
Se contará también con la participación de técnicos y asesores de las comunidades para la revisión técnica y operativa del proceso; y de observadores, que pueden ser instituciones académicas u organizaciones de la sociedad civil, los cuales podrán participar en todas las etapas de la Consulta, con excepción de la deliberativa.
El protocolo establece que se observará el cumplimiento de los siguientes principios rectores: la consulta debe desarrollarse con miras a lograr un acuerdo, debe ser de buena fe, libre, previa, informada, culturalmente adecuada, transparente, continua, corresponsable, flexible y guiarse de acuerdo con el deber de acomodo y razonabilidad.
La empresa Proyectos Hidroeléctricos de Puebla S. A. de C. V., en tanto, estará obligada a respetar los derechos humanos y a tratar de prevenir o mitigar las consecuencias negativas directamente relacionadas con operaciones, productos o servicios prestados por sus relaciones comerciales. De igual forma, deberá llevar a cabo el reparto de beneficios a las comunidades impactadas por el proyecto, las cuales se encargarán de administrarlos y definir su destino.
Dicho proyecto de protocolo entrará en vigor una vez que sea consensuado con las autoridades representativas de las comunidades sujetos de la consulta.
En la reunión participaron representantes de la SEGOB, Secretaría de Energía (SENER), Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Registro Agrario Nacional (RAN), Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y de la empresa Proyectos Hidroeléctricos de Puebla S. A. de C. V., así como los presidentes municipales de Zoquitlán, Coyomeapan y San Sebastián Tlacotepec.
