A raíz del feminicidio de Ingrid Escamilla, ocurrido el pasado 9 de febrero, la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, presentó una iniciativa al Congreso capitalino para crear el artículo 293 Quater, con el que se busca sancionar a servidores públicos que filtren imágenes, archivos o información de una carpeta de investigación en trámite.
«En uso de las facultades que las leyes me confieren como fiscal general de la Ciudad de México, para presentar una iniciativa que da respuesta a un reclamo de la sociedad a raíz de la filtración de material fotográfico sensible de la muerte de Ingrid Escamilla el pasado fin de semana a manos de su pareja», dijo.
El documento entregado a los integrantes de la Mesa Directiva y de la Comisión de Procuración de Justicia del Congreso capitalino, establece que el servidor público que indebidamente difunda imágenes, audios, videos o documentos del lugar de los hechos, del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos relacionados con un hecho que la ley señala como un delito, se le castigará con prisión de dos a ocho años y una multa de entre 43 mil 440 a 86 mil 880 pesos.
En caso de que se trate de imágenes, audios o videos de cadáveres o partes de cuerpo, de las circunstancias de la muerte, de las lesiones o estado de salud, las penas se incrementarán una tercera parte.
Cuando se trate de información sobre mujeres, niñas, adolescentes, las penas se incrementarán hasta 12 años de prisión y en caso de que el servidor público que filtre la información sea un integrante de alguna institución policial, podrían ir a prisión hasta por 16 años.
