Al inicio de esta Legislatura fijamos una postura clara que define nuestra vocación como oposición crítica y propositiva.
Establecimos la necesidad de impulsar equilibrios de poder en el estado, para que el ejercicio de la función pública sea transparente en beneficio de los ciudadanos que nos eligieron.
Como diputados tenemos la responsabilidad y la facultad constitucional de vigilar el ejercicio de los recursos públicos, con el objetivo de que éstos sean utilizados racionalmente en plena correspondencia a los ordenamientos que regulan su aplicación.
Cualquier otro uso del presupuesto gubernamental es una ilegalidad.
Derivado de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación se desprenden dos aspectos a considerar:
El primero, orientado a las formas, procedimientos y alcances bajo los cuales se realiza la fiscalización en Puebla, que evidentemente presenta espacios de mejora.
Y el segundo es que se reabra la apertura de la Cuenta Pública del 2012 del ejecutivo del estado, en los términos que la ley considera, para tener la certeza de que los recursos públicos fueron utilizados para los fines específicos autorizados y bajo las regulaciones correspondientes.
Dichas observaciones por 2 mil 131 millones de pesos, corresponden al subejercicio de fondos en seguridad pública, pagos a trabajadores de planteles que están dados de baja, recursos destinados a objetivos que no corresponden a los programas, además de la falsificación de firmas de beneficiarios de la entrega de mototractores.
Una muestra de estas irregularidades es lo que la Auditoría Superior de la Federación señala de manera textual respecto de la compra de motocultores:
Que éstos «fueron adquiridos con dos proveedores de un mismo grupo y los precios fueron superiores a los de otros equipos con características similares».
Es por eso que urge reabrir la cuenta pública de 2012 del Gobierno del Estado para cotejar lo que refiere la Auditoría Superior de la Federación y los criterios con los que la Auditoría Superior del Estado aprobó ese ejercicio.
Se solicitará a la Auditoría Superior del Estado un informe de resultados de las auditorias que se realizaron a los ejercicios fiscales del Gobierno del Estado.
La Fracciones Parlamentarias del PRI y del Partido Verde no puede ser omisas ante los señalamientos de irregularidades documentadas, por lo que resulta indispensable la revisión posterior de la cuenta pública 2012.
Que como lo marca la ley se revise los resultados de la gestión financiera, verifique si se ajustaron a los criterios señalados en los presupuestos, conforme a las disposiciones aplicables; además de que se compruebe el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes, programas y subprogramas señalados con irregularidades.
Proponemos que se haga un ejercicio que permita aclarar cada punto y de esta manera limpiar la cuenta pública 2012 del ejecutivo del estado.
Los gobiernos no deben ser instituciones en la oscuridad. Deben ser entes accesibles, abiertos, receptivos e interactivos con la sociedad, además de incluyentes y promotores de la corresponsabilidad.
La rendición de cuentas debe verse como un bien público que prevenga y evite conductas indebidas.
