Published On: Mié, Dic 7th, 2011

Pide el Pleno a funcionarios federales y locales solucionar conflictos de límites entre Oaxaca y Chiapas

El Pleno de la Cámara de Diputados exhortó al Gobierno Federal y a los gobernadores de Oaxaca y Chiapas a emprender acciones para resolver el conflicto agrario y de límites entre las comunidades de los Chimalapas y Cintalapa.

Se pidió a las secretarías de Agricultura y a la del Medio Ambiente, revisen permisos y concesiones de explotación forestal que pudieran haber expedido a favor de ejidos en la zona en conflicto y, en su caso, las revoque o suspenda, en tanto es posible resolver las disputas.

A los gobernadores de ambas entidades se les exhortó a emprender acciones para evitar el clima de violencia y ayudar a la solución definitiva del conflicto entre las comunidades de los Chimalapas, en Oaxaca, y Cintalapa, Chiapas.

Al referirse a este punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), aprobado en votación económica por el Pleno, el diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (PRI) dijo que desde hace seis décadas y por efectos en la dotación de tierras a resoluciones presidenciales, estas comunidades enfrentan conflictos agrarios.

Mencionó que esta situación ha derivado en violencia que hoy puede recrudecerse y provocar la pérdida de vidas humanas, por lo que “urge utilizar todos los medios disponibles para atajar la confrontación y resolver mediante el diálogo, conciliación y aplicación de la ley este diferendo”.

 Comunicaciones

 De la Cámara de Senadores se conocieron tres minutas. Una reforma los artículos 61, 111 y 112 de la Constitución Política, para establecer que los servidores públicos pueden ser sujetos de proceso penal sin ser privados de su libertad e inmunidad en el tiempo que dure el litigio.

 Se podrá proceder penalmente contra el Presidente de la República, diputados, senadores, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Sala Superior del Tribunal Electoral, secretarios de despacho, asambleístas, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, gobernadores, procurador General de la República, y el presidente y consejeros electorales, entre otros. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

 Otra modifica diversas disposiciones de las leyes Reglamentaria del Artículo 27 constitucional (en el ramo del petróleo), Orgánica de la Administración Pública Federal, de Pemex, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Reguladora de Energía y Minera, a fin de reducir o eliminar las emisiones que provoca la quema y venteo de gas en la exploración y extracción; corregir las fugas en el transporte, almacenamiento y distribución; mejorar la eficiencia energética de las refinerías y facilitar la cogeneración de energía eléctrica. Fue enviada a las Comisiones de Gobernación, de Energía y de Economía.

 La tercera reforma el artículo 31 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, a efecto de que las pilas o baterías eléctricas que contengan litio, níquel, mercurio, cadmio, manganeso, plomo o zinc, se sujeten a un plan de manejo especial. Se canalizó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

 También devolvieron los expedientes de dos minutas para los efectos de la fracción D del artículo 72 Constitucional. La primera adiciona un último párrafo al artículo 32 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y se turnó a la Comisión de Desarrollo Rural. La segunda reforma las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal y General de Población; fue enviada a las comisiones de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

La Secretaría de Gobernación, el Congreso de Hidalgo y la Procuraduría Agraria respondieron a diversos puntos de acuerdo sobre al daño a viviendas circundantes a la autopista México-Pachuca; capacitación de servidores públicos en materia de perspectiva de género, y conflictos agrarios en comunidades indígenas de Oaxaca, respectivamente.

 Del Congreso de Chihuahua se conoció iniciativa que deroga la fracción VIII del artículo 387 y adiciona los artículos 390 Bis y 390 Ter del Código Penal Federal, para establecer pena de prisión de seis meses a ocho años y multa de sesenta a ciento veinte veces el salario, a quien mediante convenios, documentos, o de cualquier otra forma, estipule comisiones, réditos o lucros a usurarios. Fue remitida a la Comisión de Justicia.

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