«Es necesario transitar de un estado de derecho a un verdadero estado de derechos, por lo que nos congratula participar en este foro de análisis a las reformas a la Constitución Política en torno a su contenido, alcances y trascendencia jurídica a futuro», asentó el Procurador de Justicia, Víctor Antonio Carrancá Bourget, al inaugurar este jueves el Foro sobre la Reforma Constitucional en Derechos Humanos a un año de su aprobación, en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana Puebla (UIA).
Con el propósito de garantizar el respeto a los Derechos Humanos y fortalecer el conocimiento de la Reforma Constitucional en la materia, la PGJ, a través de su Instituto de Capacitación y Profesionalización, con el apoyo de la Universidad Iberoamericana, la Fundación Konrad Adenauer y el Centro Jurídico para los Derechos Humanos, organizó el foro que estuvo dirigido tanto a servidores públicos como a estudiantes y público en general.
Sobre las mesas de trabajo, éstas se dividieron en cuatro ejes o bloques temáticos:
1) ¿Qué es la Reforma Constitucional en Derechos Humanos?
-Antecedentes. ¿Por qué se llevó a cabo una Reforma Constitucional en Derechos Humanos?
-Trascendencia de la Reforma constitucional en materia de Derechos Humanos.
2) Mesa panel sobre «El nuevo estatus constitucional de reconocimiento de derechos humanos a partir de la reforma».
3) Mesa panel sobre «La protección de los Derechos Humanos a partir de la Reforma Constitucional».
4) Perspectivas y retos a partir de la Reforma Constitucional a un año de su aprobación.
Entre los ponentes destacó la participación del Procurador de justicia Víctor Antonio Carrancá Bourget, del Dr. Ricardo Sepúlveda Iguiñiz, en representación del Mtro. Santiago Creel Miranda, así como del ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla (CDHE) Jaime Hernández Hernández.
Además, connotados catedráticos, servidores públicos y especialistas en Derecho como el Licenciado Luis M. Pérez de Acha; Doctor José Roldán Xopa; Mtro. Raúl Campillo Díaz; Magistrado del Poder Judicial Federal Carlos Loranca Muñoz; Mtro. Héctor Enrique Reyes Pacheco y el Licenciado Alfredo Orellana Moyao.
Durante su intervención, el procurador estatal resumió la importancia de la Reforma Constitucional en México como un mecanismo que debe ser consolidado con una política pública clara, que atienda la formación del concepto de ciudadanía y de derechos humanos en todos los ámbitos del poder público, pero sobre todo que responda adecuadamente a las necesidades de una sociedad cada vez más compleja y demandante.
Por su parte, el rector de la UIA, David Fernández Dávalos, habló del compromiso activo con los derechos humanos de los individuos, de los colectivos y de los pueblos, a través de la enseñanza de los mismos, su investigación y difusión. «Una universidad que se precie de ser tal ha de contribuir con su saber y con el fortalecimiento de la justicia y la democracia para todos, así como con la transmisión de esta cultura a las nuevas generaciones», subrayó.
En tanto que el Dr. Ricardo Sepúlveda Iguiñiz aseveró que uno de los logros obtenidos con la Reforma Constitucional es el denominado «Principio a favor de la persona», o también conocido como principio «Pro-persona», el cual consiste en que las autoridades de los tres niveles de gobierno prioricen los derechos de los ciudadanos al momento de ejercer sus funciones en el ámbito de su competencia.
Cabe resaltar que previo a este Foro y en el mismo contexto temático, los días martes 27 y miércoles 28 de noviembre del año en curso el Instituto de Capacitación y Profesionalización de la PGJ, en coordinación con el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, impartió el «Taller sobre el Nuevo Sistema Penal y de Derechos Humanos» en los municipios de Teziutlán y Huauchinango, respectivamente, esto ante la entrada en vigor de los juicios orales en aquellas regiones del estado, en el transcurso de 2013.
El foro contó con la participación de profesionales del Derecho; servidores públicos de la PGJ y la Secretaría de Servicios Legales y Defensoría Pública; del Tribunal Superior de Justicia del estado de Puebla (TSJ), además de miembros de la sociedad civil así como estudiantes y docentes de la Licenciatura en Derecho de diferentes universidades de la ciudad de Puebla.
