La corrupción no puede quedar impune, la paz y la estabilidad de nuestro país solo puede venir acompañada de la justicia al amparo de la ley, incluyendo la investigación y procesamiento de los graves delitos de corrupción que se han cometido, coincidieron en señalar la organización civil Tojil y el investigador Roberto Hernández.
En conferencia de prensa celebraron la voluntad política del nuevo gobierno para combatir la corrupción y se sumaron como aliados su agenda anticorrupción, pero argumentaron que “durante los últimos años ha existido una amnistía no anunciada, motivada por la incompetencia y falta de voluntad para investigar la corrupción”, por lo que aunque se suman al proyecto anticorrupción propuesto por el jefe del ejecutivo, no apoyan el perdonó a actos de corruptela anteriores..
Estefania Medina, representante de Tojil – Estrategia en contra de la Corrupción expresó que las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en relación con la implementación de una política de “Punto Final” y “borrón y cuenta nueva” para los graves crímenes de corrupción en nuestro país resultan preocupantes y alarmantes ante la crisis de impunidad y corrupción que enfrenta México.
“Estamos cansadas de abrir el periódico y leer sobre un escándalo de corrupción y al día siguiente encontrar uno más grave, en México no se llega a la impartición de justicia, parece que no importa ser corrupto mientras no haya castigo a los culpables”, acentúo la abogada.
Para Adriana Greaves representante de Tojil, los resultados en materia de combate a la corrupción por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) durante el último año son irrisorios. La única sentencia bajo la aplicación del sistema penal acusatorio es la impuesta en contra del ex- gobernador Javier Duarte de Ochoa, por desviar millones de pesos, con una sanción de 9 años en un proceso abreviado.
Tojil, agregó la fundadora de la organización, interpuso una denuncia que tuvo como resultado que la Visitaduría General de la PGR iniciara una investigación en contra de los ministerios públicos y demás servidores públicos que pudieran haber incurrido en actos de corrupción en ese caso y solicitó que se reconociera el carácter de víctima colectiva en representación de los intereses de la sociedad.
La petición, agregó, fue negada por la Visitaduría el 15 de octubre, negando con ello el acceso al expediente y a la solicitud de actos de investigación por parte de la organización.
“De manera inédita, la legitimidad de esta solicitud para coadyuvar con el Ministerio Público en la investigación, suplir deficiencias y servir como contrapeso para que la investigación funcione, será discutida ante un Juez Federal en un audiencia oral el próximo 20 de diciembre, a las 11 horas, en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Sur”, precisó Greaves.
En su carácter de investigador de World Justice Project, Roberto Hernández comentó que la solicitud de Tojil al solicitar que se le reconozca la calidad de víctima ante actos de corrupción y tener acceso al acervo completo de las audiencias públicas del caso Duarte es revolucionaria, por llevar implícita la finalidad de contribuir a robustecer la investigación, de origen débil, que motivo una sentencia de 9 años de cárcel para Javier Duarte.
Llegar al gobierno y decir nos vamos a portar bien, no garantiza absolutamente nada, en cambio si el gobierno dice vamos a entender cómo ocurrió la Estafa Maestra para diseñar leyes que la prevengan, es un síntoma de la voluntad por combatir la corrupción, destacó el también cineasta, creador del filme Presunto Culpable.
