- La diputada Páez Güereca (PT) presentó una iniciativa, con ese propósito
La diputada María de Jesús Páez Güereca (PT) propone que el Congreso de la Unión y los congresos locales celebren consultas y colaboren con las personas con discapacidad, incluidos niños y niñas, para la elaboración y aplicación de legislación y políticas, y en otros procesos de adopción de decisiones relacionadas con ese sector de la población.
En una iniciativa que reforma los artículos 4, 5 y 6 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, precisa que dichas consultas deberán llevarse a cabo a través de las organizaciones que las representan.
También plantea adicionar, dentro de los principios que deberán observar las políticas públicas, la universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad, libre desarrollo de la personalidad, pro persona y los demás que resulten aplicables.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para dictamen, propone sustituir el término “igualdad de oportunidades” por el de “igualdad sustantiva”, entre los principios que garantizará el Ejecutivo Federal.
En su exposición de motivos, indica que el manejo de la discapacidad requiere de la actuación social y es responsabilidad colectiva de la sociedad hacer las modificaciones necesarias para lograr la inclusión y participación plena de las personas con discapacidad en todas las áreas de la vida social.
Señala que la principal barrera que padecen son los impedimentos sociales, culturales, económicos, jurídicos y de movilidad, entre otros, que dificultan su plena integración.
Asimismo, se enfrentan con limitaciones y desventajas para acceder a la educación, empleo, protección social, salud, medios de transporte, información, vida política, así como a otros derechos básicos.
En nuestro país la mayoría de la población con discapacidad es víctima de discriminación y a menudo se encuentra al margen del ejercicio de sus derechos humanos consagrados en la Constitución Política; más del 60 por ciento se encuentra en los niveles más bajos de ingreso de los hogares, lo que muestra su grave vulnerabilidad.
Resalta que la falta de mecanismos de consulta en la toma de decisiones legislativas y de política pública, profundizan el escenario de discriminación y permean de ineficiencia y eficacia las medidas adoptadas para atender su problemática.
La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad no establece de manera clara y específica mecanismos para garantizar su derecho de consulta sobre los temas y problemática que les afectan, tal como lo establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, menciona.
Por ello, es importante reconocer los efectos positivos en los procesos de adopción de decisiones y la necesidad de asegurar su integración y participación a través de las organizaciones que las representan.
