*El Estado Mexicano se niega a admitirlo para no dar paso a injerencias
(Primera de cinco partes)
Ciudad de México. — En un país donde se ha vuelto común la presencia de coches bomba, drones con explosivos, la siembra de minas detonantes, el uso de armas empleadas solamente en guerras, la quema de vehículos, bloqueos de carreteras, el éxodo de pueblos enteros por miedo y los miles de ejecuciones provocadas por el narcotráfico, la existencia del narcoterrorismo es innegable.
Al respecto, Francisco Javier Dondé Matute, profesor de Derecho Internacional, señala que sí hay narcoterrorismo en México porque los grupos criminales buscan infundir el terror, pero no solo por dinero, sino por poder, “nadie puede negar que ha habido y hay actos terroristas, antes, durante y después de las elecciones, por lo que resultan evidentes los fines políticos”.
-La negativa del Estado Mexicano por admitir la existencia del narcoterrorismo, precisó el especialista, es por las implicaciones políticas que se pueden generar, ya que cuando Estados Unidos declara a tal o cual grupo como terrorista, lo que sigue es la inminente invasión, bajo la premisa de “te haces cargo o nosotros solucionamos el problema”.
Expertos en la materia opinan que cuando el crimen organizado acribilla a balazos a discreción, quema vehículos, cierra carreteras, sitia pueblos completos, provoca el éxodo de pobladores e incendia comercios, está enviando un mensaje que va más allá de las propias víctimas, una declaración de poder dirigida al Estado Mexicano y a su población, un recordatorio de quién es el que manda.
“Los múltiples ataques de la delincuencia organizada que exportaron al mundo la imagen de un país en llamas, por una errática política criminal, resucitaron el fantasma del terrorismo, un término delicado cuando Estados Unidos mantiene vigente su cruzada contra el crimen. El que México admita que si hay narcoterrorismo implica aceptar el fracaso de una estrategia de seguridad, que no solo no ha desmantelado los cárteles de la droga, sino que se encuentran más fuertes que nunca”, destaca Dondé Matute.
Para el Gobierno, aceptar que se cometen actos terroristas conlleva asumir públicamente que hay una política de seguridad fracasada, coincidió también el experto en terrorismo internacional, Mauricio Meschoulam.
Cuando desde Estados Unidos se asigna la etiqueta de terrorismo, las consecuencias pueden ser desastrosas. El mayor problema es la extraterritorialidad de la ley estadounidense, que los faculta para llevar a cabo operaciones especiales porque están en guerra contra el terrorismo y les permite desde ataques militares hasta temas de sanciones internacionales que nada tienen que ver con el narcotráfico.
Asimismo, el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío, señala que el Código Penal Federal establece que el acto de ejercer violencia contra la población, bienes públicos o privados, creando temor y alarma con el objetivo de presionar a una autoridad a que tome una determinación a su favor, cumple con los requisitos para ser considerado como terrorismo.
“Si mediante la violencia se da un efecto en las autoridades benéfico para la delincuencia, resulta tipificable el delito, como en el caso de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, que desató el caos en Culiacán, Sinaloa”, explicó el exministro Cossío.
—La decisión de liberarlo para evitar la matanza de inocentes, añadió, resultó sumamente polémica, además de que, sin duda, sentó un precedente del que se ha posesionado el crimen para lograr sus fines.
José Sánchez López/Corresponsalías Nacionales/Grupo Sol Corporativo
