El Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” (CDHZL) anunció el surgimiento de una misión de observación internacional para monitorear el caso del activista Miguel López Vega, integrante del Frente de Defensa de la Tierra y el Agua de los Estados de Puebla, Morelos y Tlaxcala, quien fue privado de su libertad el pasado 24 de enero.
En un comunicado, la organización civil hizo un “llamado enérgico” al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, para que la Fiscalía General de Justicia de ese estado libere de inmediato a López Vega, quien también es defensor del Río Metlapanapa y periodista comunitario de Radio Zacatepec.
El coordinador del CDHZL, Antonio Lara, indicó que la misión de observación internacional ya está en Puebla para estar presente en el proceso legal iniciado por el gobierno local en contra del activista detenido, al tiempo que cuestionó que Morena sostenga en contra de López Vega diversas acusaciones graves, como oposición a obra pública y ataques a las vías de comunicación y a la seguridad en los medios de transporte.
“Es una situación completamente cuestionable, ya que el defensor fue arrestado por integrantes de la Fiscalía poblana cuando salía de una reunión con Víctor Flores Báez, director general de gobierno de la entidad. Por una parte, simulan atender al pueblo, y por la otra lo reprimen”, dijo.
Lara Duque recordó que López Vega se ha manifestado por las posibles afectaciones que causaría el Proyecto Integral Morelos (PIM), que consta de un gasoducto, dos termoeléctricas, un acueducto y la industrialización del Valle de Cuautla, y también se ha opuesto a la construcción de un sistema de alcantarillado para el vaciado de desechos tóxicos en el río Metlapanapa.
Las amenazas que ha recibido a partir de estos hechos, dijo el litigante, llevaron que él y otras personas de la comunidad fueran incorporadas al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.
“Este arresto es un acto en contra del derecho a defender derechos humanos y el ejercicio de la libertad de expresión, así como un intento por intimidar a la comunidad para que desista de seguir luchando contra la contaminación de su río”, agregó.
En la misión de observación internacional participan organizaciones como la Red “Todos los Derechos para Todas y Todos”, Front Line Defenders, Servicios y Asesoría para la Paz y la Confederación Nacional de Profesionistas y Jóvenes de México.
