El senador Miguel Barbosa Huerta propuso modificar el artículo 134 constitucional a efecto de instaurar en el país una nueva generación de reformas para prevenir el uso electoral de los programas sociales, asegurar la fiscalización ciudadana de los mismos y generar un modelo sancionador e inhibidor de malas conductas por parte de los servidores públicos.
Al exponer la iniciativa, el coordinador de los senadores del PRD señaló que «no es comprometiéndose a cumplir la ley como se asegura que los recursos públicos lleguen a su destino, es instalando una verdadera vocación por el respeto a la ley y porque el servicio público sea en beneficio de la gente».
Aseguró que el gran reto de los órganos del Estado mexicano es modernizar el ejercicio del poder, «es reconocer que es en este tiempo y en esta época cuando debemos todos instalar una nueva cultura que tenga que ver con que los recursos públicos lleguen a su destino».
El también Presidente del Instituto Belisario Domínguez expuso que en México aún persiste una visión utilitaria de las personas y su voto como herencia de los pasados métodos clientelares basados en una débil cultura democrática.
«No hemos podido erradicar la cultura de usar los recursos públicos para ampliar la cobertura de los partidos políticos en el mando», sostuvo.
El senador poblano aseguró que este tipo de prácticas «son inaceptables para la convivencia democrática e incompatibles con un Estado Constitucional de Derecho, por lo que es necesario establecer la protección constitucional adecuada para evitar que se presenten situaciones como en el estado de Veracruz.
El también Presidente del Instituto Belisario Domínguez indicó que son insuficientes los mecanismos legales que existen para evitar el uso de los recursos públicos de los programas sociales, ya que se generan grandes condiciones para la impunidad.
Miguel Barbosa Huerta detalló que esta iniciativa propone tres ejes para hacerla factible, es decir, se establecen controles de corte preventivo, correctivo y sancionatorio.
Precisó que el aspecto preventivo plantea un esquema de participación ciudadana en el diseño de los programas, la definición de prioridades y la ejecución de los rubros presupuestales, así como la vigilancia de su exacto cumplimiento.
Además, añadió, incorpora uno de los enfoques principales que debe de tener el gobierno: el fortalecimiento del tejido social, mismo que ha sido mermado considerablemente derivado de los contextos de violencia por los que atraviesa el país.
«El esquema que proponemos incluye la creación a nivel constitucional de contralorías ciudadanas, que vigilen el exacto cumplimiento de los objetivos de los programas, su distribución, aplicación y ejecución», explicó.
El también Presidente del Instituto Belisario Domínguez dijo esas contralorías se conformarán con personas integrantes de las comunidades beneficiarias de programas sociales, para lo cual se les dotará de plenas atribuciones para proponer la investigación y, en su caso, sancionar a los servidores públicos que hagan uso de los programas sociales a cambio de favores electorales.
Sobre la parte correctiva, el senador Miguel Barbosa señaló que cuando esté en curso una investigación por utilización de recursos públicos de los programas sociales con fines político electorales, se suspenda, como medida cautelar, inmediatamente de su cargo a los involucrados, incluyendo la cadena de mando respectiva, para permitir una verdadera investigación imparcial.
En la parte sancionatoria, agregó, se buscará establecer un modelo inhibidor de la conducta, con penas que correspondan a la gravedad del delito y con mecanismos eficaces que eviten la impunidad.
La iniciativa se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda.
