El Comité Directivo Estatal del PRI, sus legisladores locales y los regidores de la capital manifestaron su rechazo hacia las iniciativas del gobierno del estado porque con ellas se pretende «endeudar anticipadamente a las administraciones municipales, así como controlar y limitar los márgenes de maniobra en el tema de los servicios públicos».
En conferencia de prensa, el Delegado Presidente Pablo Fernández del Campo indicó que dichas propuestas son perjudiciales para la ciudadanía, por lo que desaprobarlas es un acto de responsabilidad social.
«Las decisiones que se toman tanto en el seno de la dirigencia estatal como con su representación en el poder legislativo siempre están apegadas a derecho. Más importante aún, tienen como fin último el beneficio de la sociedad», acotó.
De la misma manera, enfatizó que el PRI, por naturaleza, es un interlocutor social. De ahí que con el gobierno del estado ni sana lejanía ni insana cercanía, sólo una relación meramente institucional.
Fernández del Campo señaló: No debemos equivocarnos: el PRI es un partido que, como el resto de los institutos políticos, necesita del consenso con todos los actores para encontrar soluciones a los problemas sociales.
Es obligación de estos actores, agregó, hacer política sin que ello signifique que uno se supedite al otro, o viceversa.
Señaló que la obligación del PRI es erigirse como contrapeso de las decisiones que afectan a los ciudadanos, y una muestra de ello es la decisión tomada por los legisladores priístas en el Congreso local.
Finalmente, el dirigente del Revolucionario Institucional refirió que los priístas continuarán en busca de equilibrios, pero también de consensos que impacten directamente en la sociedad.
