Después de casi tres años y medio de haber sido detenido por su aparente responsabilidad en el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho, el exgobernador de Puebla Mario Marín Torres abandonó el Penal del Altiplano gracias a que una jueza le concedió la medida de prisión domiciliaria.
En una audiencia celebrada el pasado 10 de agosto, la jueza Angélica Carmen Ortuño Suárez, adscrita al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, decidió revocar la prisión preventiva justificada que le había sido impuesta al exmandatario por la investigación que lo vincula con actos de tortura cometidos en diciembre de 2005, cuando la periodista y activista Lydia Cacho fue sacada por la fuerza de su domicilio y detenida arbitrariamente en Cancún, desde donde la trasladaron al estado de Puebla.
Durante el acto judicial, Ortuño Suárez consideró que Marín podía enfrentar su proceso penal en libertad debido a que su salida de prisión no representaría un riesgo para la periodista o para la procuración de justicia. Por tal motivo, resolvió modificar su medida cautelar por la del arresto domiciliario y, según declaraciones de la abogada de la periodista, para la mañana del 12 de agosto el exgobernador ya estaba en su casa.
A través de un comunicado, la organización Artículo 19 reconoció que, en ocasiones, la prisión preventiva oficiosa puede derivar en violaciones a derechos humanos en México. Sin embargo, aseguró que en el caso de Lydia Cacho, existen pruebas “que acreditan no sólo los posibles riesgos de fuga del procesado, sino también de riesgos contra la víctima”.
“No ha sido exonerado Mario Marín, sin embargo es un preso peligroso para mí, para mis testigos y mi familia. Hago responsable a la jueza Angélica Ortuño Suárez de cualquier cosa que pueda sucederle a mi equipo legal que estuvo hoy en la audiencia y a cualquiera de nosotras”, expresó la periodista en sus redes sociales el día de la resolución judicial.
Pese a la gravedad de los hechos por los cuales el exgobernador ha sido imputado, la jueza de Quintana Roo permitió que se resguardara en su domicilio y ordenó que pagara una multa de 100 mil pesos. Cabe recordar que, después de su detención arbitraria y de los actos de tortura de los que fue víctima, Lydia Cacho tuvo que pagar una fianza de 70 mil pesos.
Entre las condiciones que estableció la jueza al conceder el arraigo domiciliario resalta que le prohibió a Mario Marín salir del país o acercarse a la víctima. Además, deberá portar un brazalete electrónica y permanecerá bajo vigilancia.
