El reto de quienes integran los congresos locales al realizar leyes, es el de emitir aquellas que protejan no sólo el interés público, sino también los derechos humanos de las personas, mediante la aplicación de criterios mínimos que los protejan afirmó José Roldán Xopa, investigador del CIDE.
Al dictar la conferencia sobre el «Impacto de la Reforma de Derechos Humanos y el amparo frente a la función legislativa», el investigador destacó que la obligación de los legisladores es la de respetar los derechos humanos de las personas cuando se elaboran leyes, aunque en ocasiones, éstos se transgreden por privilegiar el interés público; por lo que recomendó que en la exposición de motivos, los legisladores siempre deben establecer que han sido examinadas bajo un estándar de respeto a los DDHH y que en la elaboración de la normatividad se satisfacen criterios de racionalidad.
Esto permitirá que cuando un juez de distrito o un juez ordinario impugne la constitucionalidad de alguna ley, antes pueda acudir a la exposición de motivos para revisar que ahí hay una justificación de que esa norma respeta los derechos humanos de las personas, lo que sin duda, redituará en contar con mejores leyes y que los propios legisladores sean más exigentes al realizar su tarea.
De la misma manera, el investigador del SNI (Sistema Nacional de Investigadores), recomendó a los diputados que en la elaboración de leyes se incluya un apartado sobre el impacto presupuestal que tendrá la aplicación de esta norma, para que no se quede en letra muerta.
«Un congreso responsable debería saber cuál es el impacto que tiene una ley» señaló Roldán Xopa, quien afirmó que con esta medida mejorará el trabajo legislativo.
La conferencia la impartió a estudiantes de la Facultada de Derecho de la Universidad Iberoamericana, plantel golfo-centro, a invitación del diputado Gerardo Mejía Ramírez, Presidente de la Comisión de Procuración de Justicia de la LVIII Legislatura Local.
Acudió como invitado especial el Magistrado Roberto Flores Toledano, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Puebla.
