Published On: Mié, Oct 20th, 2021

La violencia familiar aumentó 9% en Nuevo León; impunidad asciende al 93.9%

  • El 92% de los delitos que ocurrieron en Nuevo León durante 2020 no fueron denunciados; el 93.9% de los que sí se investigaron quedaron impunes, de acuerdo con el documento Hallazgos desde lo local 2020, de México Evalúa.
  • El déficit de capacidades en instituciones de justicia eleva impunidad y pone en riesgo derechos de víctimas y procesadas en Nuevo León.
  • El Tercer Diálogo sobre seguridad y justicia en Nuevo León reunió a autoridades y representantes de la sociedad civil para establecer compromisos hacia la consolidación del sistema de justicia penal en el Estado.

Monterrey, Nuevo León.-El 28.1% de los hogares en Nuevo León fueron víctimas de algún delito en 2020; sin embargo, el 92% de los delitos no fueron denunciados. Además, el 93.9% de los delitos que sí se denunciaron y se investigaron quedaron impunes. Los datos del reporte Hallazgos desde lo local: Nuevo León, elaborado por México Evalúa, sostienen que el déficit de capacidades en instituciones de justicia eleva impunidad y pone en riesgo derechos de víctimas y procesadas en Nuevo León.

Nuevo León cuenta con 753 de los 1,000 puntos del estándar mínimo para el avance en la consolidación del sistema de justicia penal 2020, de acuerdo con el Ranking nacional elaborado por México Evalúa en Hallazgos. Con esto, el estado ocupa el segundo lugar a nivel nacional, sólo después de Querétaro. Sin embargo, la entidad está por debajo del mínimo y el ideal establecido y cuenta con resultados aún incipientes, lo que deja ver un rezago importante a nivel nacional en la consolidación del sistema.

 “La ausencia de un sistema de justicia penal eficaz y justo es el pecado original de México. La asimetría entre las instituciones de justicia es una de las principales preocupaciones de México Evalúa. En Nuevo León vemos esta asimetría en las brechas de recursos materiales y humanos que existen entre las fiscalías y defensorías públicas o las comisiones de atención a víctimas”, dijo Edna Jaime, directora general de México Evalúa durante el Tercer Diálogo sobre Seguridad y Justicia en Nuevo León, que reunió a autoridades y representantes de la sociedad civil para establecer compromisos hacia la consolidación del sistema de justicia penal en el estado.

Algunos de los factores o razones por parte de las víctimas en Nuevo León más importantes para no denunciar delitos fueron la pérdida de tiempo (34.9%) y los trámites largos y difíciles (12%), de acuerdo con la Envipe elaborada por el Inegi. Sólo el 38% de la población del estado tiene certeza de dónde denunciar.

En 2020, la Fiscalía de Nuevo León recibió 148,287 denuncias, de las cuales inició carpetas de investigación para el 54.7%. El 34.8% de las carpetas iniciadas fue por delitos contra el patrimonio, el 30.1% por delitos contra la familia, y el 18.6% por delitos contra otros bienes jurídicos afectados.

Sólo el 16% de las carpetas de investigación fue determinada por la Fiscalía, muy por debajo del promedio nacional, de 41%. Destaca que el 57.3% de las carpetas de investigación determinadas fueron enviadas al archivo temporal, con lo que su esclarecimiento queda en pausa por tiempo indefinido. Los delitos con mayor porcentaje de archivo temporal fueron robo sin violencia (66.3%), lesiones (63.8%) y robo con violencia (62.6%). Llama la atención que mientras la violencia familiar se incrementó 9%, el 23% de las determinaciones para estos casos fueran remitidas al archivo temporal.

“Para el Gobierno de Nuevo León la prevención será una prioridad y tendrá más presupuesto desde la visión de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo social. El sistema de justicia penal hace necesario que el gobierno sea un aliado de la fiscalía y trabaje con ella siempre en coordinación plena, respetando su autonomía”, afirmó Samuel García, gobernador de Nuevo León.

Por otro lado, al finalizar 2020, la tasa de congestión de la Fiscalía de Nuevo León –que muestra el porcentaje de procedimientos derivados de las carpetas de investigación en trámite– fue de 74.4%, muy por encima del promedio nacional de 49%. Esto muestra que la Fiscalía estatal no está logrando aplicar criterios para la atención y determinación de casos ni una política de priorización que privilegie la atención de casos con uso de violencia, de alto impacto social, con un riesgo para las víctimas y/o que implican violaciones de derechos humanos. Éste será uno de los aspectos a los que se dé puntual seguimiento con la implementación del Plan de Persecución publicado por la Fiscalía el pasado mes de abril, así como la efectividad de las investigaciones para delitos de alto impacto y el tiempo para el desarrollo de las investigaciones.

La Defensoría Pública de Nuevo León brindó atención a un total de 113,956 personas en el transcurso del año. Cada defensor representó en promedio a 418 personas, lo que implica una carga de trabajo excesiva y una fuente de complicaciones para los defensores, pues el tiempo dedicado a preparar cada asunto tiende a disminuir, y esto impacta directamente en la calidad de la defensa.

“Un tema importante es la necesaria reducción de asimetrías entre las instituciones, comenzando por la asignación presupuestal. Para 2020, todas las instancias tuvieron un incremento en sus presupuestos, a excepción de la Comisión de Atención a Víctimas, a la que se le redujo el 2.4%. Para darnos una idea de las asimetrías, la Defensoría Pública recibe nueve centavos por cada peso que se le asigna a la Fiscalía, mientras que la Comisión, recibe sólo nueve centavos por cada peso que se le asigna a la Defensoría”, apuntó Chrístel Rosales, investigadora senior del programa de Justicia en México Evalúa.

En el evento participaron también Luis Ávila, director de Cómo Vamos Nuevo León; Siegfried Herzog, director Regional de Proyectos en América Latina de la Fundación Friedrich Naumann; Angélica Elizondo Riojas, directora de Renace A.B.P; Javier Navarro Velasco, secretario General de Gobierno; Javier Pérez Rolón, del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública; Aldo Fasci Zuazua, secretario de Seguridad Pública; Juan Jesús Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, Fiscal General del Estado; Jesús Herrera, presidente de Cómo Vamos Nuevo León.