La reforma a la Ley de Amparo aprobada por el Senado representa un grave retroceso en las garantías legales, al poner en riesgo los derechos de todas y todos los mexicanos. Si bien incorpora algunos avances —como las sanciones a autoridades que incumplan sentencias y el reconocimiento del interés legítimo colectivo—, mantiene disposiciones que debilitan la protección ciudadana, incrementan la incertidumbre jurídica y afectan el clima de inversión y generación de empleo.
El amparo ha permitido que tanto personas como empresas, desde una pequeña papelería hasta una gran industria, se defiendan de decisiones injustas del gobierno. Limitar su alcance es dejar indefensa a la ciudadanía frente a posibles excesos de la autoridad.
Con esta reforma, un ciudadano, comunidad u organización ya no podría detener una norma inconstitucional antes de sufrir un daño. Las nuevas reglas para suspender actos de autoridad harían que muchas empresas no pudieran operar mientras se resuelve su juicio, lo que podría implicar cierres, pérdida de empleos y afectaciones directas a miles de familias mexicanas.
Las exigencias de garantías solo en efectivo o mediante cartas de crédito excluyen a la mayoría de las micro, pequeñas y medianas empresas. Además, permitir que una autoridad incumpla una sentencia alegando “falta de recursos” vacía de contenido el principio mismo de justicia.
Lo más preocupante es que la reforma se aplicaría de manera retroactiva, afectando incluso juicios ya en curso. Esta disposición vulnera la confianza en el Estado de Derecho y abre la puerta a posibles actos arbitrarios por parte de la autoridad. En este contexto, la propia Presidenta de la República ha reconocido la necesidad de corregir esta medida y ha solicitado su modificación. Por ello, una revisión integral de todos sus puntos resulta no solo pertinente, sino indispensable.
En COPARMEX Puebla nos preocupa que se avecine un panorama desalentador. No estamos en condiciones de sembrar desconfianza en el país, ni de enviar señales de incertidumbre. Como ciudadanos, saber que la Constitución ampara nuestros derechos nos da certeza; sin embargo, con esta reforma están en riesgo las empresas, el empleo, la inversión, incluso nuestra libertad y patrimonio.
No se trata de partidos, se trata de principios. México necesita una justicia que no dependa del poder, sino de la ley.
