Como parte de las acciones emprendidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla para capacitar a servidores públicos municipales y estatales en materia de Derechos Humanos en el Sistema Penal Acusatorio, el titular de este organismo autónomo Adolfo López Badillo, acudió al municipio de San Salvador el Seco, donde impartió una plática sobre este tema a la cual también acudieron personal de los ayuntamientos de Mazapiltepec de Juárez, Soltepec, San Juan Atenco y Ciudad Serdán.
Es importante destacar que de enero a septiembre de 2016, la CDH Puebla ha capacitado a 1,099 servidores públicos, cuyo objetivo es que obtengan mayor conocimiento sobre derechos humanos y con ello promuevan, en su desempeño diario, la protección de estos como parte inherente de su trabajo.
En la ponencia, el Ombudsman del estado planteó que las principales características del sistema adversarial, además de ser oral y público, la existencia de un Juez de Control, un Tribunal del Juicio Oral y un Juez de Ejecución.
Explicó que la actuación del Juez de Control es la de investigar y acusar, el trabajo que realiza el Tribunal de Juicio Oral es determinar la responsabilidad del acusado, esto en una audiencia pública y oral, y el Juez de Ejecución que establece la condena y garantiza la reparación del daño en favor de la víctima.
De la misma forma señaló que la víctima del delito tienen derecho a solicitar la reparación del daño, a ser notificados de las resoluciones, a estar presentes e intervenir en toda audiencia, a no ser presentado públicamente sin su consentimiento, a recibir protección personal y familiar de acuerdo a la ley y a acceder a los mecanismos alternativos de solución de controversias, lo cuales son mediación, conciliación y arbitraje.
Expuso que dentro de las fortalezas de este modelo de justicia, es la protección de los derechos humanos, por lo que advierte un debido proceso y protección a la víctima u ofendido, así como la presunción de inocencia.
Por último, puntualizó que la aplicación del Sistema Penal Acusatorio presenta retos para garantizar procesos rápidos, eficientes y respetuosos de los derechos humanos; así como para que los mecanismos alternativos de solución de controversias se apliquen para resolver asuntos menores a través del diálogo entre las partes, materializar el principio de presunción de inocencia y el derecho a la reparación del daño, también disminuir los índices de impunidad, y que la actuación de las autoridades judiciales se ajusten al marco de respeto de los derechos humanos, los Tratados Internacionales y los Principios Generales de Derecho.
