Diputados de Morena, presentaron ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, demanda de juicio político en contra de los once Ministros integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Las razones jurídicas que aducen dichos Diputados, es en el sentido de que los Ministros de la Corte han cometido violaciones graves a la Constitución, al no reducir sus salarios que perciben, los cuales deben ser inferiores al del Presidente de la República, además de que sus fallos en donde se declaró inconstitucional la transferencia de la Guardia Nacional, al Ejército Mexicano, y la nulificación del plan B electoral propuesto por AMLO, violentan flagrantemente a nuestra Carta Magna.
El procedimiento de juicio político, se encuentra previsto, en el artículo 110 de nuestra Constitución, el cual establece: “Podrán ser sujetos de juicio político los Senadores y Diputados al Congreso de la Unión, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal…”.
Este juicio político sólo procede por violaciones graves a la Constitución y las Leyes Federales que de ella emanen, así como el manejo indebido de fondos y recursos federales.
El citado precepto señala: “Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público”.
El procedimiento de este juicio político consiste en que la Cámara de Diputados procede a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros presentes en sesión de aquella Cámara, después de haber sustanciado el procedimiento respectivo y con audiencia de los inculpados.
Por otro lado, la Cámara de Senadores, erigida en jurado de sentencia, aplicará la sanción correspondiente mediante la resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes en sesión, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia de los acusados.
Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y Senadores son inatacables. Por lo tanto, no procede ningún recurso ni juicio de amparo.
Especialistas en Derecho Constitucional consideran que esta denuncia es injusta, ya que los Ministros de la Suprema Corte no han cometido ninguna violación grave a nuestra Constitución y sus fallos se encuentran en observancia total de la misma, independientemente de que sus salarios están protegidos por el artículo 94 de nuestro ordenamiento constitucional, que dice: “La remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados Electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo”.
Es pertinente comentar, que el partido Morena no tiene en el Senado de la República, las dos terceras partes de sus miembros, para que pueda hacer efectivo este juicio político; pero dicho procedimiento va a desacreditar a los Ministros de la Corte, cuando estos sean citados ante el Pleno de ambas Cámaras (Diputados y Senadores) para defenderse de la injusta demanda.
La Presidenta de la Suprema Corte Norma Lucia Piña Hernández, en días pasados en un Congreso Internacional de Juezas y Magistradas, en la Ciudad de Nueva York (USA), declaró que existe en México un ataque constante del gobierno de un solo hombre (AMLO), para acabar con la independencia y soberanía del Poder Judicial de la Federación, lo que perjudicará gravemente a la estructura de división de poderes, que existe en México y a nuestra democracia.
M.D. MIGUEL ÁNGEL TEJEDA ORTEGA.
